El jueves falleció un joven de 28 años en la prisión de Zaballa. Según informó ayer la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior español, encontraron su cuerpo en la celda, sin signos de violencia, por lo que habrá que esperar a que realicen la autopsia para conocer las causas del fallecimiento. Es el cuarto fallecimiento que se registra en el penal alavés en lo que va de año.

En enero falleció otro joven de 28 años. Se llamaba Jonathan, residía en Bizkaia y falleció a consecuencia de una sobredosis. La abogada Silvia Encinas, integrante de la asociación “Familiares frente la crueldad carcelaria”, denunció la inacción de los responsables de la prisión, ya que, pese a que se sospechaba que el compañero podía haber introducido drogas tras un vis a vis, «no se aplicaron las medidas de seguridad».

Advirtió de que la dirección incumplió sus deberes de custodia, y censuró que en el caso de Jonathan, «como en otros, ha habido una conducta omisiva y pasiva, y se deberían tomar acciones penales por imprudencia, porque los medios están, o deberían estar, para prevenir este tipo de situaciones».

Sin embargo, parece que no se tomaron las medidas oportunas, ya que en febrero falleció otro preso, y a principios de este mes murió Jonathan Costillas, un joven gasteiztarra de 24 años que apareció ahorcado en su celda. Su familia, que compareció ante los medios de comunicación días después, anunció que agotará todas las vías jurídicas para esclarecer los hechos.

Tragedia «silenciada»

Los familiares de Jonathan Costilla estuvieron arropados por los responsables de Salhaketa, que ayer advirtieron de que Instituciones Penitenciarias no les ha facilitado información sobre la última muerte, «una nueva tragedia evitable y silenciada, que engrosa las macabras cifras de una persona muerta en prisión cada dos días, la mayoría jóvenes que aparecen muertos por motivos no naturales».

«Este hecho luctuoso, no notificado por el Ministerio de Interior, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como hemos venido denunciando», añadió la asociación, que criticó «la sistemática política de ocultamiento de estas muertes, de las que no se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que está acabando con la vida de estos jóvenes, en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas».

«¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?», preguntó Salhaketa en un comunicado, en el que mostró su preocupación por «la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades políticas y judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes». «Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente», añadió.

«Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio del Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación», remarcó la asociación, creada hace más de tres décadas a fin de reivindicar «la dignidad de todas las personas detenidas, presas, expresas y de sus familiares».

Propuestas de Salhaketa para evitar las muertes en prisión

Salhaketa propuso hace meses una batería de medidas para acabar con las muertes en prisión. Entre ellas figura que el Ministerio Fiscal «no se inhiba» e investigue de oficio estas muertes para esclarecer las circunstancias y los motivos las mismas, «con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan». Asimismo, propone que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias «y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes».

También reclama que se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para «poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la Administración de Justicia»; y que se desarrollen las medidas de sustitución en fase procesal y suspensión condicional de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias «dentro y sobre todo fuera de las prisiones».

Además, Salhaketa pide la inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como de las que padezcan enfermedades mentales, «que en muchos casos suponen la inducción al suicidio»; y la reforma de la legislación penal y penitenciaria «que alarga las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional». Por último, exige que se ponga fin a la «masificación, que es uno de los motivos que influye en estas muertes».I.S.