14/05/2019

César Manzanos
Doctor en Sociología
Okupar derechos torcidos
Se han puesto de acuerdo para ocultar los desahucios de familias que los bancos, con la connivencia del Estado, ejecutan a diario

Hemos aprendido del discurso simbólico de los «derechos humanos» y de los «derechos constitucionales», que nos sirven para identificar aquello a lo que «no hay derecho». En el caso del derecho a la vivienda, lección aprendida es que «no hay derecho» a que haya quien acumule decenas de miles de pisos, lonjas y edificios vacíos, debido a intereses especulativos, mientras hay incalculable cantidad de personas y familias privadas de este derecho.

Desde aquí se explica la legitimidad de la okupación, y se entiende el porqué de las políticas que satanizan y criminalizan a quienes ocupan y cuestionan la sacrosanta propiedad privada. Las empresas mediáticas, en sus agendas pactadas han convertido la okupación en el enemigo número uno de la seguridad. Despliegan una sucia propaganda que identifica a quienes lo protagonizan con la escoria social, y amparan el negocio de «la lucha ciudadana contra la okupacion» auspiciando leyes, plataformas y empresas antiokupas.

Mientras, en su agenda, se han puesto de acuerdo para ocultar los desahucios de familias que los bancos, con la connivencia del Estado, ejecutan a diario. También han pactado ocultar el genocidio provocado por la privación del derecho a la vivienda que ocasiona infinidad de suicidios ante la desesperación de verse en la calle.

Pero por suerte, esta represión de las luchas que suponen hacer efectivos por parte de la población aquellos derechos de los que se nos priva, no puede parar la capacidad espontánea y organizada que las personas, familias y colectivos tenemos para reivindicar y convertir en reales los derechos que nos arrebatan. Por eso es tan importante potenciar iniciativas de coordinación y autoorganización destinadas a luchar contra la exclusión residencial desde la solidaridad con las personas y familias afectadas y, desde el desenmascaramiento de unas administraciones locales, territoriales, autonómicas y centrales que están al servicio de las entidades financieras y de los propietarios que nos privan del derecho a techo.