26/05/2019

Raimundo Fitero
Tratamiento

La judicialización de la vida política es un acto de desmerecimiento democrático general, pero cuando las togas, los considerandos entran en los hospitales y se utilizan como argumentario médico, para cambiar o criticar diagnósticos o tratamientos, la cosa se debe contemplar como una alarma. El fracaso de la política se puede entender malamente, pero el fracaso de la ciencia médica por culpa de la religión o los jueces puede ser nefasta, es una descapitalización de lo más importante, la confianza en las batas blancas, que es una de las fuerzas curativas más importantes.

En Francia hay un caso emblemático, el de Vicent Lambert que lleva once años en estado vegetativo tras accidente de moto y que su continuidad con esa vida dependiente de aparatos, sin voluntad propia ninguna, se está librando en los tribunales. Los médicos habían empezado a desconectarlo, pero sus padres ultracatólicos no lo admiten, y presentaron una petición nada menos que en la ONU, en su Comité sobre Derechos de Personas Discapacitadas, que emitió la determinación de suspender la desconexión hasta que los jueces decidan, porque en Francia la eutanasia activa está prohibida, pero a su vez no se admite prolongar la vida de un paciente de forma artificial. Un gran dilema con este caso reincidente porque en 2013 y 2016, sucedió lo mismo.

Han entrado en proceso judicial los sobornos de la mayor empresa dedicada a fabricar aparatos y a tener establecimientos para la diálisis. Médicos de la sanidad pública que llegaron a cobrar más de cien mil euros por llevar el tratamiento de sus pacientes a esta firma multinacional. Un escándalo más a costa de nuestra salud. Que de alguna manera viene a abundar en ese debate desenfocado sobre las donaciones de material sanitario oncológico del multimillonario Amancio Ortega.