Lo peor de este año está por llegar. En las fechas navideñas se dispara la siniestralidad en carreteras y cárceles. Durante el reciente puente de la Constitución, 14 personas fallecieron en accidentes de tráfico en las carreteras españolas. Esta noticia tan trágica fue difundida por los medios de comunicación y resulta muy alarmante. Paralelamente, 8 personas murieron en el mismo periodo en el interior las cárceles. Casi ningún medio de comunicación se ha hecho eco de esto. La primera noticia se hace pública y sirve para continuar culpabilizando a la población de los riesgos en la conducción, para incrementar las sanciones de tráfico y convertir las carreteras en un lugar privilegiado de recaudación de fondos, sin centrar la atención en la responsabilidad del Estado en tan dramáticos y luctuosos hechos.

Estos accidentes, en su mayoría, podrían evitarse sin recurrir a medidas principalmente centradas en las sanciones administrativas o penales a quienes infringimos las normas de circulación. Se trataría de recurrir a políticas de seguridad vial que otros ámbitos del derecho podrían afrontar, y que, sin duda, serían infinitamente más baratas para los contribuyentes, además de ser fáciles de aplicar si la clase política y las instituciones no funcionaran al servicio de las mutuas o de las corporaciones empresariales.

Medidas en el ámbito del derecho laboral, como puede ser el dar opción a que quienes trabajan puedan elegir los días de vacaciones que les corresponden en fechas distintas a las obligatoriamente instituidas, como se estipula en los convenios de algunos países. O con medidas en el ámbito del derecho mercantil como, por ejemplo, prohibir la comercialización de vehículos que puedan sobrepasar los límites de velocidad establecidos en la normativa de tráfico. La propia DGT diagnostica que el exceso de velocidad y el estrés vacacional son dos de los factores decisivos que marcan los picos de siniestralidad en cuanto a personas muertas o heridas en las carreteras. Sin embargo, el Estado pone por delante los intereses empresariales y de la industria del automóvil, sobre la defensa de la vida y la integridad física de la ciudadanía.

 De igual modo ocurre en las cárceles. La asociación de funcionarios de prisiones lo denuncia para reivindicar más medios humanos y técnicos en nota de prensa mediante twitter «Necrológicas SOS prisiones, tu abandono me puede matar». Coincidimos en el diagnóstico: la cárcel abandona a su suerte a las personas recluidas y es incapaz de velar por la seguridad de quienes cotidianamente viven en prisión. Sin embargo, en nuestro caso, cuestionamos la propia naturaleza de la cárcel como maquinaria que provoca y reproduce enfermedades físicas y mentales en las personas presas. Esta, se ha mostrado incapaz de garantizar, entre otros, el derecho a la vida y a la salud de quienes están sometidas a una relación de sujeción especial con la administración.

Sin duda, necesitamos una nueva política de prevención y lucha contra el delito, y no solo en materia de seguridad vial o del sistema de ejecución de penas, sino en relación a la forma de afrontar la respuesta frente a la violación de los derechos y libertades de las personas. Las constituciones se quedan en papel mojado cuando en lugar de estar al servicio de la ciudadanía lo están al de las élites de poder que controlan y usan los estados como aparatos tecnocráticos para recaudar impuestos y promulgar leyes en su propio beneficio.