Una concentración ante los juzgados de Irun se solidarizó con el abogado defensor de las víctimas de Kote Cabezudo, al que la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo exige 60.000 euros al entender que su «honor» se ha vulnerado. ¿Acaso el «honor» de la magistrada apartada del caso, a raíz de un lustro de una deficiente instrucción, está por encima del de las víctimas?