A lo largo de 400 páginas, Fernando Mikelarena recoge el papel jugado en este terreno por personajes como Jaime del Burgo o Rafael García Serrano y cómo, a su entender, los avances en memoria histórica adolecen de una «deficiencia estructural».

De la lectura de su último libro se desprende que si algo buscaban a toda costa el franquismo y sus fuerzas afines era perpetuar un determinado relato de la Guerra del 36. ¿Era su manera de intentar justificar que habían sido unos golpistas que se habían sublevado contra un Gobierno elegido en las urnas?

A los franquistas y a los carlistas, falangistas y monárquicos que les apoyaron no les supuso ningún problema el hecho de haber protagonizado un golpe de Estado contra un Gobierno y un régimen legítimos. Su relato tenía que ver con la circunstancia de que el franquismo se estructuró como una religión política cuyo mito fundacional por excelencia fue la victoria en la Guerra Civil. En su relato primó el afán de presentar a la República como un Gobierno ilegítimo y caótico, y como la antesala de un régimen comunista. Argumentos desmentidos por los historiadores que han analizado aquellos años con objetividad. Además, en su relato se celebraba la victoria con una serie de mitos y ritos, uno de ellos la exaltación de sus caídos, para vertebrar a sus seguidores en una comunidad política.

Las derechas propugnaban combatir a la República con las armas en la mano e incluso erradicar físicamente a sus seguidores, pero al mismo tiempo intentan minimizar la magnitud de los crímenes cometidos por sus seguidores. ¿A qué le parece que se debe negar algo que es de dominio público?

El relato de los vencedores ha minimizado siempre el efecto de la limpieza política que desarrollaron y que no se agota en los asesinados, sino que tiene muchísimas vertientes más, todas ellas trágicas y tremendas. Pero además de ello, hicieron una cosa añadida: desplegaron diversas estrategias para ocultar sus responsabilidades en los crímenes cometidos, primero en prevención de que no les pasaran factura en una hipotética restauración de la democracia en España tras 1945 o cuando fuera. Hoy en día, la estrategia de sus herederos en los partidos derechistas continúa negando las dimensiones de aquella limpieza política, algo ridículo dadas las múltiples evidencias que la historiografía ha puesto encima de la mesa, pero que tiene que ver con su afán enfermizo por presentarse como moralmente superior y por no revisar la conducta de sus ancestros ideológicos. De cualquier forma, no hay que olvidar que su discurso sigue siendo hegemónico en algunas cuestiones: nadie quiere analizar detalladamente cómo sucedió o quiénes fueron los responsables.

En este terreno, pone de relieve los casos del requeté Jaime del Burgo y del falangista Rafael García Serrano. Como escritores y estudiosos, ¿se les puede considerar como la Brunete intelectual del franquismo a la hora de difundir su versión de lo sucedido?

Del Burgo y García Serrano tuvieron el valor y el atrevimiento de escribir su relato autobiográfico sesgado sobre aquello y, por tanto, se pueden considerar generadores importantes de la memoria de los vencedores al exaltar algunos aspectos, así como de su desmemoria al relegar al olvido otros relacionados con el número de los asesinados por su bando, con cómo fueron los asesinatos, con la relevancia de otras formas represivas para expandir el miedo y con quiénes fueron los responsables y cómo era la cadena de mando que iba desde la cúpula que tomaba las decisiones hasta los escuadrones de la muerte. Lamentablemente la memoria de Del Burgo y de García Serrano es asumida como verídica no solo por la derecha, sino también por algunos autores pretendidamente progresistas que no se han preocupado por analizar su grado de verosimilitud, dando lugar a tesis absurdas como la de negar la responsabilidad del carlismo.

En los años 70 hubo gente que se encargó de que no quedara constancia documental de lo que había sucedido para mantener la versión oficial. ¿Fue otra manera de consolidar esa memoria?

La destrucción de la documentación durante los años setenta o en otros momentos fue otra de las estrategias que los vencedores diseñaron para garantizarse su impunidad. Se destruyó toda la documentación de FET y de las JONS, así como la del Gobierno Civil y la Delegación de Orden Público, y no se conserva ni la de la Falange ni la de la Comunión Tradicionalista. Asimismo, la documentación de la Junta Central Carlista de Guerra ha sido expurgada. Por todo ello, reconstruir las características de la limpieza política es enormemente trabajoso.

La derecha dice que lo sucedido en la Guerra del 36 y la dictadura son cosas del pasado. Pero cuando se suprimen símbolos franquistas, no faltan voces que los defienden y cuando se recuerda a las víctimas del franquismo, no faltan los ataques contra esa memoria.

Ha habido una enorme resistencia por parte de los partidos de derecha en Navarra y en el Estado a aceptar la supresión de los símbolos franquistas, lo cual solamente se puede entender desde el punto de vista de que se sienten concernidos por el relato de memoria diseñado por el franquismo y de que no quieren refutarlo. Es algo difícilmente comprensible y que relativiza su argumento de que ellos no tienen nada que ver con el régimen político franquista. Si no tienen que ver con él, ¿por qué no lo condenan de una vez por todas, rechazan su simbología y su relato y asumen la defensa del honor de las víctimas?

En los últimos años se ha avanzado en el terreno de la memoria histórica desde el Parlamento de Nafarroa, pero usted considera que esa gestión institucional tiene una «deficiencia estructural». ¿A qué se refiere?

La gestión institucional de la memoria de la limpieza política desarrollada en Navarra, esencialmente en 1936-1937 y también en las décadas posteriores, no ha partido de un relato íntegro de lo sucedido que, por un lado, pondere adecuadamente sus dimensiones y aspectos formales y que, por otro, vaya más allá de las víctimas, abarcando también a los victimarios. También se advierte la falta de otros aspectos como el relativo a la memoria y la desmemoria de los vencedores o a la utilización de la violencia como instrumento para conseguir el poder. Sin su incorporación, la gestión de su memoria queda disminuida.

En su libro se lamenta de que partidos próximos a las víctimas del franquismo no actúan de forma más decidida contra el Monumento a los Caídos y la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz. ¿Qué le parece que deberían hacer?

Primeramente, habría que hacer partícipe a la ciudadanía de todos los elementos de juicio necesarios para que conozca de forma detallada qué es lo que recuerda y qué es lo que olvida el Monumento a los Caídos, cómo se construyó, cuál fue su finalidad, quiénes fueron sus impulsores, cuáles son los mimbres ideológicos de su estructura iconológica. También habría que hacer lo mismo con la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que han sido los gestores del uso del Monumento durante décadas y que todavía siguen celebrado misas en la cripta de acuerdo con el calendario franquista y requeté. Por otra parte, hay que impulsar desde las instituciones un relato integral de la limpieza política en 1936-1937: que hable de las víctimas, pero también de los victimarios y de las características formales de los múltiples hechos represivos. Y hay que formular una legislación taxativa sobre los símbolos franquistas que parta de la justicia debida a las víctimas a partir de ese relato integral. Es irracional limitar el debate al encaje arquitectónico y urbanístico del Monumento, así como plantear una hipotética resignificación. Creo que lo más sensato es el derribo porque lo considero como el exponente máximo de algo debajo de lo que se esconde la mayor tragedia vivida por los navarros en toda su historia.