Ayer Catalunya volvió a tomar la delantera al Estado español informando de 3.242 fallecimientos más con coronavirus, que no habían sido computados al morir en sus domicilios o algunas residencias sin diagnóstico antes ni después del óbito. Los datos se han obtenido a través de funerarias. Y el president Quim Torra instó inmediatamente al Estado español a hacer otro tanto y reconocer así los datos reales en toda su crudeza.

Desde Madrid se le ha respondido que habría que certificar mejor si esas personas tenían o no el Covid-19. Se trata del último episodio de un choque de criterios y estrategias que viene de antes incluso del confinamiento. Retrocedamos al 13 de marzo.

Torra fue una de las primeras autoridades en pedir medidas drásticas ante el coronavirus. Ya ese viernes previo a la declaración del estado de alarma, el president pidió al Gobierno de Sánchez el «confinamiento solidario» de Catalunya, con el cese de entradas y salidas por puertos, aeropuertos y vías ferroviarias, servicios que son competencia del Estado. Torra esgrimía la «autoprotección» de la ciudadanía, pero también de los territorios de los alrededores, y advertía sobre todo de un posible colapso del sistema sanitario. Con ello, anticipó la decisión que terminaría adoptándose a nivel estatal.

Un día antes, el 12 de marzo, la Generalitat había ordenado el confinamiento de los municipios de la Conca d'Òdena, el principal foco de contagio en Catalunya por aquel entonces, que afectó a las poblaciones de Igualada, Vilanova del Camí, Òdena y Santa Margarida de Montbui.

El foco principal se detectó en el Hospital de Igualada, población de unos 40.000 habitantes y situada a escasos 60 kilómetros de Barcelona, con la que se encuentra conectada por tren. El confinamiento de la Conca d'Òdena empezó ese jueves y se alargó hasta el 6 de abril, cuando la Generalitat pidió al Estado su desconfinamiento alegando que el control perimetral no era necesario dado que toda Catalunya estaba confinada.

Ya durante ese fin de semana del 14 y 15 de marzo, Torra pedía el cese de toda actividad no imprescindible, y que sólo se mantuvieran activos «los sectores de la alimentación, de la atención y asistencia sanitaria, y los servicios esenciales», unas medidas que el Gobierno de Sánchez no adoptaría hasta dos semanas después.

En la misma rueda de prensa el mandatario catalán remarcaba que no era momento de «proclamas patrióticas caducas» ni de «una imposición centralista y autoritaria», refiriéndose al modo en que el Estado acaparaba competencias tras arrogarse Pedro Sánchez el «mando único» en esta fase.

En el Gobierno español no sentaron bien las críticas de Torra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusaba al President de «faltar a la verdad» y de no tener «altura como representante político», y lo calificaba de «profundamente desleal».

El Ejército y los presos, conflictos

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el despliegue del Ejército español por los diferentes territorios del Estado, entre ellos los Països Catalans y Euskal Herria. El lenguaje bélico y la presencia de militares en ruedas de prensa se ha extendido desde el inicio de la crisis, algo que los partidos independentistas han criticado, y lo han hecho remarcando siempre sus intervenciones en estos dos territorios.

La CUP calificó este despliegue como «una operación de maquillaje del estamento militar» y recordó que en Catalunya «el cuerpo de bomberos y los agentes rurales se han ofrecido a hacer las labores de desinfección y protección civil que actualmente lleva a cabo el Ejército». Esta formación independentista también viene alertando de la posibilidad que el Ejército no se retire una vez finalizado el estado de alarma.

En un tono más relajado pero igualmente crítico valoró Quim Torra la presencia de los militares en el Aeroport del Prat, preguntándose si las labores de desinfección llevadas a cabo por el Ejército tenían sentido mientras el aeropuerto seguía operativo.

Por otro lado, la crisis sanitaria del Covid-19 estalló con los presos políticos catalanes dentro de la cárcel. Desde el primer momento, Esquerra Republicana y JxCat tomaron medidas para intentar que pasaran el confinamiento en sus casas, aunque se toparon con la negativa inmediata de los tribunales españoles.

El 31 de marzo, el Departament de Justícia de la Generalitat anunciaba que los internos de las cárceles catalanas –vía artículo 100.2, que permite la salida para ir a trabajar o cuidar de familiares mayores– podrían cumplir el confinamiento en sus casas, algo que ya habían solicitado los abogados de Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva ante el Tribunal Constitucional. La medida del Govern pretendía reducir el número de reclusos en las cárceles para mitigar el impacto de la pandemia, tal como plantean entre otros la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

La iniciativa encontró rápidamente la respuesta del Tribunal Supremo, avisando a los centros penitenciarios y sus funcionarios qde ue el excarcelamiento de los presos políticos podía ser constitutivo de delito. Desde JxCat se tildó de «amenaza intolerable que demuestra que la represión continua en plena crisis por el coronavirus».

Por su parte, el líder de ERC Oriol Junqueras, uno de los afectados por la decisión del Tribunal Supremo, denunciaba ante el Consejo de Europa y la ONU el hecho de no poder pasar el confinamiento en su hogar. Unos días más tarde, el propio Junqueras presentaba una querella contra el mismo Tribunal por «coacción, amenazas y prevaricación». Junqueras considera que «la amenaza del Supremo atenta contra la separación de poderes, interfiriendo directamente en la toma de decisiones de los funcionarios catalanes».

Con la vuelta de la actividad económica no esencial, el Departament de Justícia anunciaba que los presos con 100.2 podían salir a trabajar de nuevo. Gracias a ello, Jordi Cuixart, Josep Rull y Jordi Turull han salido este miércoles de Lledoners, por primera vez desde que empezó el confinamiento.

Oriol Mitjà y un plan propio

La crisis sanitaria ha dado a conocer muchos referentes desconocidos hace poco. Uno de ellos es Oriol Mitjà, médico infectólogo, profesor y investigador en el Institut de Recerca Germans Trias i Pujol y asesor de la OMS.

Mitjà fue uno de los primeros investigadores en advertir de las posibles consecuencias del coronavirus, en especial si se hubiera celebrado el Mobile World Congress de Barceelona, al que estaba previsto que acudieran 40.000 participantes, 5.000 de ellos llegados de China.

El 15 de febrero, en el programa ‘Preguntes Freqüents’ de TV3, Mitjà habló de las características del virus y de los riesgos que se avecinaban. Anteriormente, en un hilo de twitter, había pedido la dimisión del comité de emergencia español, con Fernando Simón a la cabeza, alegando «negligencia» reiterada por falta de anticipación, «comunicación opaca» y ausencia de confinamiento total como medida imprescindible.

El Govern de la Generalitat no solo contradice la estrategia estatal hasta el momento, sino que mira al futuro anunciando un plan propio de desconfinamiento, que se presentará esta semana próxima. A propuesta del president, el Ejecutivo catalán nombraba a Oriol Mitjà como asesor y responsable de la elaboración de dicho informe, un cargo por el cual no recibirá retribución alguna.

A pesar de su amplio currículum y de formar parte de organizaciones internacionales como la propia OMS, las críticas a la gestión que el Gobierno español ha hecho de la crisis sanitaria, expresadas incluso en una entrevista para la BBC, y la labor como asesor del president de la Generalitat han provocado que Mitjà haya sido difamado desde algunos partidos políticos. Incluido Miquel Iceta, secretario y diputado por el PSC en el Parlament, quien a través de Twitter ha copartido artículos desprestigiando la labor de Mitjà y acusándolo de haber mostrado su apoyo por JxCat.

Antes de aceptar la propuesta del Govern, Mitjà aseguró en un mensaje de Twitter que un grupo de expertos ofrecieron ayuda para frenar el Covid-19 a «la Secretaría General de Salud Pública de Madrid y País Vasco (dónde comenzó la epidemia) y también a la Secretaría de Política Social del PP», además de aconsejar «a altos representantes y a un expresidente del PSOE» y orientar «a Ministerios de Salud de América Latina».

«Con nuestra historia no se juega»

En este panorama de turbulencias muy serias, el episodio más surrealista de la escalada Govern-Gobierno lo ha desatado una partida de mascarillas enviadas desde el Gobierno estatal a Catalunya y que contaba con 1.714.000 unidades. 1714 es una fecha muy marcada en la historia de Catalunya. Y desde el Govern de la Generalitat no creen que sea ninguna casualidad.

«Una cifra simbólica y nefasta para Catalunya. Si a alguien del Gobierno de España se le ocurre que la próxima cifra de mascarillas tenga algo que ver con 1939, no se lo permitiremos. Con la historia de los catalanes no se juega», denunció Miquel Buch, consejero de Interior, en rueda de prensa.

No pareció opinar lo mismo Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, quien enlazó el vídeo de las declaraciones de Buch con el texto «No. No es el Polònia», haciendo referencia al programa de sátira política de TV3 y quitando así hierro al asunto. Sobra decir que el Gobierno español ha negado que hubiera intencionalidad política alguna de humillación al fijar exactamente esa cifra.

Y la mesa... ni se sabe

Mientras, la mesa de diálogo Gobierno-Govern que había marcado el inicio de legislatura estatal, y era la condición sine qua non del aval de ERC al Gobierno Sánchez, continúa en stand by obligado por el coronavirus. Pero queda claro que entre tanto no falta conflicto político entre ambas instancias, por el lado más inesperado posible: un virus que ha puesto todo patas arriba. También para esa vía de diálogo, seguramente nada será igual después del Covid-19.