Iñigo Urkullu convocó las elecciones el 18 de mayo, imponiendo su criterio frente a quienes le advertían de que la situación sanitaria era todavía muy precaria y estaba marcada por la incertidumbre. Lo hizo considerando que «julio es un periodo adecuado» y asegurando que «se van a realizar con todas las garantías para las personas». Ayer, sin embargo, su Gabinete decretó que unas 200 personas no podrán ejercer su derecho al voto al estar enfermas de covid-19.

Esa es la forma en la que el Gobierno de Lakua ha respondido a los brotes de coronavirus detectados en los últimos días, con especial incidencia en Ordizia y la comarca de Goierri, pero que también están afectando a otros puntos de Araba y Bizkaia.

La consejera de Salud, Nekane Murga, explicó ayer el protocolo establecido por el Ejecutivo, según el cual no podrán votar las personas que tengan una PCR positiva en los últimos catorce días o que presenten síntomas. «No pueden participar ni en las mesa electorales ni acudir a votar ni mantener cualquier otra actividad presencial», zanjó.

Se trata de una decisión de dudoso encaje legal, según destacaron varios juristas nada más conocerse, apuntando que no se puede prohibir el voto a ningún ciudadano o ciudadana y menos con una orden administrativa. Auguraron posibles recursos ante el Tribunal Constitucional.

Además, según informaron ayer a este periódico expertos en esta materia, lo manifestado desde el Gobierno sobre quién puede votar y quién no es algo que en su caso deberá trasladarse al BOPV para que sea oficial y efectivo y, en cualquier caso, habría que ver qué efectividad sancionadora puede tener. En este sentido, ya se estarían preparando recursos para tratar de garantizar el voto del mayor número de personas posible.

Era un escenario previsible

Está por ver el recorrido que tienen tanto la prohibición como los posibles recursos, pero más allá de las repercusiones legales de este tema, llama la atención la incapacidad del Ejecutivo de Lakua para garantizar el derecho al voto de cientos de personas en un escenario previsible.

Y es que el Gabinete de Urkullu sabía, al menos desde marzo, que las elecciones se iban a desarrollar, sí o sí, en un escenario pandémico y ha tenido dos meses desde su convocatoria para preparar un plan de respuesta a posibles rebrotes, como los que se han producido, y garantizar que las personas afectadas por ellos puedan ejercer su derecho.

Desde el punto de vista logístico, legal e incluso político, tratando de consensuar medidas con los grupos de la oposición, ha tenido tiempo de articular mecanismos que no pasaran por el veto del derecho a votar. Sin embargo, parece que la estrategia ha sido cruzar los dedos para que no hubiera brotes.

En lo que llevamos de año, el Ejecutivo ha demostrado que no tiene reflejos ante circunstancias sobrevenidas que alteran su rutina, como el derrumbe de Zaldibar o la propia irrupción del covid, que recibieron una respuesta tardía. Pero los comicios no han llegado por sorpresa, fueron convocados por el lehendakari en la fecha que quiso.

Ayer, Murga comparaba la situación de los positivos por coronavirus con la de personas afectadas por «tuberculosis», las que se hayan producido una «fractura de cadera»o hayan sufrido «un infarto o una hemorragia cerebral», de los que destacó que tampoco pueden votar. Ocurre que a ninguna de ellas se lo prohíben y el Gobierno no puede prever quién se va a romper la cadena mañana, pero sí sabía que mañana habría gente con covid-19 con ganas de votar.

 

Ordizia pondrá mesas al aire libre e incrementará la seguridad

El Ayuntamiento de Ordizia instalará mañana mesas electorales al aire libre en los colegios que lo permitan, además de incrementar medidas adicionales de seguridad a las establecidas por Lakua para garantizar que los comicios discurran de manera segura. El consistorio comenzó ayer el montaje de los colegios, que se instalarán en dos frontones, una ikastola y un instituto, siempre que se pueda al aire libre.

Además, el Ayuntamiento ha adquirido mascarillas de tipo FFP2 para todas las personas que trabajen durante la jornada electoral, tanto para los ciudadanos que deban estar en las mesas como para los que van a colaborar controlando y organizando las votaciones. Cada mesa tendrá su propia fila, con una persona responsable de cada una de ellas para organizar el acceso al voto, y se habilitará una fila especial para que los mayores de 65 años y las mujeres embarazadas se dirijan directamente a las mesas. Los presidentes de cada mesa estarán protegidos con pantallas de metacrilato y los votantes deberán mostrar sus DNI desde el otro lado, de manera que no se entregará el documento en mano.

Además, el Ayuntamiento estudia recomendar una serie de franjas horarias para organizar a los ciudadanos y que no se produzcan aglomeraciones en los colegios e informará a los electores aislados con PCR negativos –contactos directos de personas contagiadas– de que acudan a las urnas entre las 14.00 y las 15.00 horas, el momento de menos afluencia.GARA