Los diarios “El País” y “The Guardian” publicaron ayer que los teléfonos móviles de algunos líderes independentistas, como Roger Torrent o el conseller de Educación y de Acción Exterior, Ernest Maragall, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y el miembro de la ANC Jordi Domingo, entre otros, fueron atacados en 2019 y quien lo hizo pudo monitorizar sus actividades. Las informaciones apuntan a que se empleó el programa espía israelí Pegasus, que solo se vende a Gobiernos y fuerzas de seguridad y que permite utilizar el terminal para visualizar su pantalla, escuchar sus conversaciones y usarlo incluso como altavoz captando las que se producen alrededor.

El Ejecutivo español dijo no tener constancia de que Torrent hubiera sido víctima de un hackeo y le animó de denunciarlo. Desde Interior se aseguró que ni el Ministerio ni Policía española ni Guardia Civil han tenido relación con la empresa israelí NSO ni han contratado sus servicios.

En una declaración institucional, Torrent afirmó que es «impropio de una democracia que los aparatos del Estado espíen de forma ilegal a los adversarios políticos», anunció acciones legales y exigió investigar los hechos, depurar responsabilidades y poner fin a «la guerra sucia contra el independentismo».

Denunció que el espionaje al que ha sido sometido a través de su teléfono, infectado con un virus de WhatsApp, es un asunto «muy grave» que sirve para constatar que en el Estado español «se practica el espionaje contra la disidencia política».

Torrent añadió que «es una exigencia democrática que el Gobierno investigue. Si tenía conocimiento habría sido cómplice de un delito; si no tenía constancia sería un síntoma de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales»

La denuncia llegó también desde la política catalana. La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, exigió investigar «hasta el final» para determinar quién «espió», mientras el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, pedía al Ejecutivo español «garantías fiables» de que sus servicios secretos y fuerzas de seguridad no están involucrados, pero añadía que todas las sospechas apuntan al Gobierno español, porque «no sé qué Estado puede tener interés en saber qué hace la segunda autoridad de Catalunya que no sea el Estado español».

ERC y Junts registraron en el Congreso español sendas peticiones de comparecencia de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska y Defensa, Margarita Robles.

El parlamentario del PSC Ferran Pedret condenó todo intento de vulnerar el secreto de las comunicaciones de forma ilegitima motivado por «actividades políticas» a través del espionaje. Y desde Cs se aseguró que de ser sería «inaceptable», pero se exigió a Torrent que presente pruebas antes de acusar al Gobierno.

«Declaración de denuncia»

Podemos, JxCat, Unidas Podemos, EH-Bildu, PNV, Más País, BNG, CUP y Compromís suscribieron un texto bajo el nombre “Declaración de denuncia”, promovido por ERC, que leyeron en el Congreso. En él exigen que se investigue hasta el final y se depuren las responsabilidades. Juzgan «intolerable» e «impropio de un estado democrático y de derecho» el uso por motivos políticos del programa espía.

«Una vez más, las cloacas del Estado actúan contra la disidencia política con herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales. No es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos», señalaron, algo que estimaron «no tiene cabida» en una sociedad democrática.

Los grupos reclamaron «medidas drásticas» para garantizar que nadie será víctima de espionaje por defender un determinado proyecto político.

Ratifican el tercer grado a los presos del procés

La Generalitat ratificó ayer la concesión del tercer grado penitenciario, aprobada el 2 de julio por unanimidad por las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses, para los nueve presos políticos del procés: el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La medida de semilibertad es de aplicación inmediata, aunque la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, y se hará efectiva en cuanto las juntas de tratamiento de cada centro señalen la fecha de aplicación, los horarios a que estarán sujetos y, si es necesario, los cambios en las actividades que realizan de lunes a viernes fuera de la prisión.

La Fiscalía ha recurrido hasta ahora la flexibilización del régimen penitenciario, por lo que es previsible que también lo haga en el caso del tercer grado.GARA