En estos momentos, vacunar a la población es el principal modo para controlar la pandemia. Aunque ya existen varios tipos de vacunas, la producción masiva no termina de despegar. Además, los países llamados ricos están acaparando prácticamente todas las dosis disponibles. Este desigual reparto ha dejado en evidencia a Covax, el mecanismo internacional que se organizó para una distribución más justa de las vacunas, y que no pasa de ser un mero instrumento para el reparto de las limosnas de los poderosos.

Una de las razones, aunque no la única, del bajo ritmo de fabricación es el sistema de derechos de propiedad intelectual que protege las patentes, y que otorga a las empresas privadas la capacidad de gestionar su difusión; y las empresas utilizan ese poder según sus intereses comerciales. Para superar esa limitación, India y Sudáfrica han encabezado una propuesta, que sigue recabando apoyos en todo el mundo, para que la Organización Mundial del Comercio declare las patentes de las vacunas temporalmente libres de derechos y, por tanto, accesibles a nuevos productores. Sin embargo, los países ricos se niegan. Argumentan que si se liberan las empresas dejarán de invertir en innovación, cuando la financiación ha sido pública; de hecho, alguna patente clave es del Gobierno de EEUU. Un bochornoso razonamiento para preservar los beneficios de las farmacéuticas en una situación de pandemia.

En este mundo corrompido por la codicia, Cuba sabe, por su experiencia con el bloqueo, que solo se puede confiar en las fuerzas propias. Por eso, a pesar de la escasez, entre otras muchas cosas de jeringuillas, ha conseguido que dos de sus vacunas estén ya en fase de ensayos clínicos, algo inalcanzable para muchos países ricos. Ha demostrado que con voluntad política un país puede lograr los objetivos que se proponga. Pero además, las vacunas de Cuba estarán libres de derechos porque entienden mejor que nadie que la solución solo puede ser global.