Los anteproyectos de ley, los planes como el de Seguridad y las estrategias de Empleo 2030 suelen ser presentados por el consejero o consejera del ramo, o incluso por el lehendakari, a menudo con discursos grandilocuentes sobre todas sus bondades. Lo que no nos suelen contar es que sus cimientos los ha construido una empresa de consultoría, un despacho de abogados o algún profesor universitario. En un rastreo no muy exhaustivo, GARA ha encontrado una treintena de casos.

Sin capacidad para hacer un plan de Seguridad

La pasada semana sindicatos de la Ertzaintza denunciaron que el Plan General de Seguridad de Euskadi, que el vicelehendakari primero y consejero, Josu Erkoreka, presentó el miércoles en el Parlamento, había sido en realidad elaborado por la consultora LKS Next. Según el contrato al que ha tenido acceso GARA, el encargo inicial en julio de 2019 fue por 205.700 euros, a los que el 22 de marzo de este 2021 se le sumaron otros 64.130 euros para «una herramienta informática especializada que facilite el despliegue y seguimiento del Plan por todos los agentes implicados».

En la documentación que obra en poder de este diario, entre los objetivos del contrato está «realizar una reflexión estratégica» sobre la seguridad en la CAV, «que permita identificar las áreas claves a potenciar». El Departamento de Seguridad asegura por escrito no estar en condiciones de hacerlo y por ello se justifica la necesidad de una contratación externa.

También a LKS S. COOP. se le adjudicó por 50.995,50 euros la base del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021-2025 de la Dirección de Tráfico.

Ley Municipal y Ley de RGI, antecedentes conocidos

En junio de 2014, el Departamento de Administración Pública y Justicia de Josu Erkoreka, encargó la elaboración de un documento de Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi, con la acotación expresa de que debía incluir la «exposición de motivos, articulado, disposiciones adicionales, transitorias, derogativas y finales». El contrato recayó en la firma catalana Estudi Consultoria Sector Public SL por un importe de 21.659 euros. El trabajo se asignó directamente, sin concurso.

Como también por contrato directo se adjudicó en setiembre de 2017 a PricewaterhouseCoopers Tax & Legal SL, por 21.779 euros, la redacción de «la Asistencia Técnico-Jurídica para la redacción del texto articulado del proyecto de Ley sobre la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social». En su momento lo denunció Podemos.

Lo llamativo en este caso no es solo que la redacción de una ley de RGI se le pida a una multinacional como PwC, sino que después de que el Gobierno pagara el trabajo, no presentó el proyecto de ley, sino que fueron PNV y PSE quienes acabaron registrando el texto como proposición de ley, lo que ahorra trámites y documentación. Finalmente fue pospuesto a la búsqueda de acuerdo y acabó decayendo al adelantarse las elecciones. En la actualidad el Departamento de Idoia Mendia trabaja en una nueva ley.

La Estrategia Vasca de Empleo 2030 la hizo una UTE

Precisamente Mendia presentó este 13 de abril la Estrategia Vasca de Empleo 2030, aprobada ese día por el Consejo de Gobierno, y de la que aseguró que busca «un mercado de trabajo que contribuye al desarrollo social y económico, sostenible e igualitario de Euskadi y que se caracteriza por ofrecer oportunidades de empleo de calidad en equidad, por la inclusión social y el desarrollo humano».

Lo que la vicelehendakari segunda y consejera de Empleo y Trabajo no dijo es que en julio de 2020 el Gobierno había subcontratado a la UTE Emplegubide Euskadi 2030, y por 55.000 euros, la «elaboración de los contenidos de los documentos base de trabajo, tanto para la fase de diagnóstico y análisis como para la fase de propuesta de ejes, objetivos estratégicos y líneas de actuación de la estrategia». También le correspondió la «redacción, diseño y maquetación del contenido final de la Estrategia Vasca de Empleo resultante del consenso».

No era la primera vez que la estrategia de empleo se subcontrataba. La del periodo 2015-2020 se encargó a S&F SL, por 66.550 euros.

La Ley de Salud Pública se negoció sin publicidad

El 9 de octubre de 2019 la web del Gobierno de Lakua anunciaba que «el Departamento de Salud va a empezar a trabajar en hacer el anteproyecto de ley de salud pública de Euskadi».

Lo que en Irekia no aparecía es que en febrero de 2018 se había contratado a la firma PKF Attest ITC SL, por 71.390 euros, para «proveer al Gobierno de información necesaria para elaborar un Proyecto de Ley de Salud Pública mediante el diseño del modelo organizativo institucional y plan de recursos en materia de salud pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi». Fue un contrato negociado sin publicidad.

Al menos siete encargos de Medio Ambiente

El Departamento de Medio Ambiente cuando estaba regido por Iñaki Arriola fue uno de los que más recurrió a la iniciativa privada para sus funciones legislativas, hasta el punto de encargar a Ekoiureplus SLL, por 18.090 euros, la «asistencia jurídica en la valoración de las alegaciones y aportaciones realizadas en el proceso de participación e información pública del anteproyecto de Ley de Cambio Climático del País Vasco».

Un anteproyecto que, a su vez, había sido encargado a un profesor de la Universidad Pública de Navarra, por 21.175 euros.

A un mismo catedrático de la Universidad del Opus de Iruñea se le encomendaron «la redacción del anteproyecto de ley de Intervención Ambiental de Euskadi», por 17.000 euros, y –lo que resulta sumamente llamativo– el «estudio, valoración y contestación a las alegaciones recibidas en el proceso de información pública, participación y audiencia al Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental», por 3.920 euros.

El anteproyecto de la Ley de Medio Ambiente fue encargado a un profesor de la UPV-EHU, por 7.744 euros. A Itsas-Adar Elkartea SL, le adjudicó Iñaki Arriola «la redacción del nuevo borrador de anteproyecto de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Euskadi». El precio fue de 17.848 euros.

A Medio Ambiente le pesaba analizar las alegaciones y aportaciones a sus anteproyectos, por lo que también encargó a la mencionada Ekoiureplus SLL la revisión de estas para la ley de Conservación del Patrimonio Natural, por otros 17.848 euros.

Posible conflicto de intereses en el ámbito deportivo

Resulta reseñable lo ocurrido con la ley de profesiones de la actividad física y del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En 2018 se le encargaron a la firma Landaberea & Abogados los trabajos para gestionar las enmiendas políticas parlamentarias presentadas al proyecto. El contrato fue por 17.787 euros. Después, en 2020 se les encargó la valoración de los informes técnicos contenidos en la ley. El precio de este nuevo contrato fue en esta ocasión de 7.260 euros.

Después de esos informes pagados por el Departamento de Cultura de Bingen Zupiria en la pasada legislatura, en este momento el proyecto está registrado como proposición de ley de PNV y PSE en el Parlamento de Gasteiz.

Por otra parte, este bufete de expertos en derecho deportivo, según se puede leer en su web oficial, está muy dirigido al asesoramiento de los clubes y profesionales, en ocasiones en procedimientos contra la Administración, además de facilitarles convenios de colaboración con las instituciones.

El Departamento de Cultura también encargó en 2017 la elaboración del anteproyecto de la Ley de Archivos de Euskadi, y lo hizo a la Universidad Carlos III de Madrid por 21.175 euros.

La ley de Protección de Datos y la de Igualdad

En noviembre de 2019 la Agencia Vasca de Protección de Datos pidió a Broseta Abogados SLP la redacción de materiales que sirvieran de base para la elaboración de un eventual anteproyecto o proposición de Ley Vasca de Protección de Datos Personales. El contrato se cerró en 54.450 euros.

Emakunde se fijó en una pareja de abogados para redactar «el borrador de anteproyecto de modificación de ley para la igualada de mujeres y hombres». El contrató se formalizó en febrero de 2019 por 5.203 euros. Meses después, en octubre de 2019, se le adjudicó a Ibain Consultoría SL la asistencia en el proceso de elaboración de ese mismo proyecto, esta vez por 9.075 euros.

Entre los contratos más caros figura uno de 211.750 euros con la firma barcelonesa THR, una «consultoría boutique» para turismo, hostelería y recreación, que evaluó el plan estratégico de turismo de 2020 y a la que se le encomendó la visión estratégica para los próximos 4 años.

Y esto no es más que un listado no agotado de la externalización que el Gobierno hace de sus funciones legislativas.