Etxerat reclamó ayer acabar definitivamente con la excepcionalidad que se aplica a los presos y presas vascos. Unas medidas penitenciarias y jurídicas –permisos, terceros grados, redenciones, libertades condicionales...– que en el caso de los encarcelados vascos todavía no se aplican, a pesar de que buena parte de ellos cumplen los requisitos. En una comparecencia en Bilbo, un total de 32 familiares de presos y presas se reunieron para explicar que, en lo que va de año, «han visto hasta el momento obstaculizado en la Audiencia Nacional su camino para la obtención de redenciones, permisos ordinarios de salida y terceros grados». Una situación de excepción que, según denunciaron, sigue vigente y también la sufren los familiares.

Nekane Basauri y Txusa Etxandia, esposa y madre de los presos Joseba Arregi y Egoitz Coto, respectivamente, leyeron un comunicado en el que se destacaba que, en los próximos días, no va a quedar ni un solo preso político en las cárceles de Andalucía, así como ninguno en primer grado. A pesar de que ello supone una mejora de su situación, recalcaron que «no se aprecia por parte del Estado español voluntad política para afrontar de una vez la desactivación de una forma de hacer, para acabar con las inercias del pasado y para tomar la decisión de poner fin al resto de medidas ad hoc que impiden a nuestros familiares recorrer el camino hacía una vida en libertad».

Sobre la dispersión, subrayaron que «han tenido que transcurrir más de tres décadas para que se ponga fin al alejamiento sistemático y generalizado de las y los presos», el mismo tiempo que les ha costado «que vayan siendo devueltos al régimen ordinario».

En cambio, dejaron claro que no pueden esperar otras tanto para la reintegración. «No podemos estar otros 30 años esperando a que les apliquen la ley ordinaria. Por eso, los familiares, al igual que lo requiere la mayoría de la sociedad vasca, proponemos que se desbloquee de una vez todo aquello que impide que los presos realicen su recorrido», reclamaron.

Fotografía de las cárceles

Sobre la actual situación penitenciaria del colectivo de presos políticos, las representantes de Etxerat detallaron que 126 presos que se encuentran en penales de la periferia de Euskal Herria «deberían estar en cárceles vascas», mientras que la mayoría de los 60 encarcelados que sí se encuentran en prisiones vascas «reúne los requisitos para el tercer grado». A esto se suma que hay 19 presos y presas con enfermedades graves y nueve de más de 70 años. Tres de estos últimos con tiempo de reclusión que supera los 30 años, por lo que «deben quedar en libertad».

Asimismo, recordaron que «del total de 207 integrantes del colectivo de presos políticos, en 2022 un total de 60 habrán cumplido tres cuartas partes de sus condenas», y a más de 50 no se les ha computado el tiempo de condena cumplida en el Estado francés tras ser entregados al Estado español, como establece la directriz europea.

En cuanto a los 32 presos a los que este año les han negado mejoras penitenciarias, 21 de ellos contaban con propuestas de paso a tercer grado y de permisos ordinarios de salida realizados por las Juntas de Tratamiento de sus prisiones, que, sin embargo, «han sido impugnadas o han recibido informes contrarios por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional». En 2021, también se han dado nueve casos de denegaciones de redenciones extraordinarias a presos en situaciones favorables para que sus peticiones de permiso fueran atendidas.

Finalmente, existen los casos de otros dos presos vascos con expedientes en marcha, «sin que de momento se conozca el posicionamiento del Ministerio Fiscal o del juez Central de Vigilancia Penitenciaria».

Por todo ello, y como «afectados» por el régimen que a los presos les toca padecer en primera persona, los familiares consideran que «no se puede seguir levantando un obstáculo tras otro para tratar de impedir el derecho a la pronta reintegración de los presos». Por tanto, denunciaron que el Estado español y la Audiencia Nacional continúan «en un tiempo ya superado». «Las y los presos vascos hace tiempo que iniciaron su recorrido jurídico y buena parte de ellos cumplen los requisitos para poder acceder al tercer grado, a permisos ordinarios y a salir en libertad. El siguiente destino, ¡a casa!», reclamaron.

Familiares piden el fin de la excepcionalidad penitenciaria

Las portavoces de Etxerat Nekane Basauri y Txusa Etxandia explicaron las respectivas situaciones de sus familiares presos. Joseba Arregi, pareja de Basauri, tiene 75 años, de los cuales ha pasado 30 en prisiones de Madrid, Jaén, Villena y Villabona, y ahora se encuentra en Martutene. Arregi es uno de los 21 presos que ha recibido un permiso ordinario en 2021, el cual se encuentra actualmente en trámite en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, aunque su aprobación cuenta ya con un informe contrario por parte del Ministerio Fiscal.

«Joseba no ha pisado la calle un solo segundo en 30 años y creo que ya es hora de que se le aplique la ley ordinaria, de que reciba un trato humanitario por parte de la justicia», reclamó su compañera.

Por su parte, como madre del preso de Barakaldo Egoitz Coto, Txusa Etxandia manifestó que «no caben ya más trabas ni retrasos para que se ponga punto final a la excepcionalidad penitenciaria». Tras 20 años en prisión y con una hija de corta edad en casa, Coto cumplió en 2017 las tres cuartas partes de su condena, pasando hasta la fecha por cárceles de Madrid, Zaragoza, València, Granada y el Dueso, donde está actualmente. El caso de Coto, pese a las dos propuestas favorables de la Junta de Tratamiento de la cárcel cántabra, sigue sin pronunciamiento por parte del Ministerio Fiscal.M. P.