Representantes de una treintena de colectivos como SOS Racismo, Papeles y Derechos Denontzat y Médicos del Mundo comparecieron ayer en el Parlamento navarro para denunciar la existencia en el herrialde de prácticas policiales como las identificaciones por criterios raciales y la citación irregular en comisarías para posteriormente abrir expedientes de expulsión, retirar los pasaportes o citarles a comparecencias periódicas.

Según explicó Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, estas prácticas las lleva a cabo la Policía española, pero cuenta con la colaboración de la Foral y de distintas municipales, por lo que mostró su sospecha de que pueda haber una directriz oficial para que se den estas actuaciones, aunque lamentó que no hayan sido capaces de recoger información al respecto.

En su comparecencia, en cualquier caso, mostró dos documentos de una policía municipal en los que se insta a inmigrantes a acudir a la comisaría de la Policía española con el aviso de que serán detenidos si no lo hacen. Esta comparecencia puede desembocar en la apertura de un expediente de expulsión y, en el peor de los casos, en la ejecución del mismo.

Las actuaciones existen, por tanto. Reclamaron que cese la colaboración de las policías municipales y foral con la española en esta cuestión. Destacaron que estas actuaciones no tienen amparo legal y están consiguiendo que las personas inmigrantes actúen con recelo frente a las administraciones. Una consecuencia es que quienes han sido víctimas de delitos no los denuncian, incrementándose su indefensión. Por ello, reclamaron una normativa navarra frente a estas prácticas.

Isabel Aramburu (Geroa Bai) mostró su preocupación por esta denuncia, al igual que Patricia Perales (EH Bildu), quien abogó por la derogación de la Ley de Extranjería. Perales también acusó al Gobierno navarro y al consejero Eduardo Santos –cuya comparecencia pedirá– de no actuar en esta cuestión más allá de desarrollar programas con el lema «tierra de acogida».

El delegado del Ejecutivo español en Nafarroa, José Luis Arasti, negó estas acusaciones «con absoluta rotundidad».

«Una cosa es que una persona tenga una citación en Extranjería y ahí se le pueda tomar declaración o pedir información. Si desde esas asociaciones interpretan que eso son citas trampa, creo que tienen un verdadero problema, pero yo lo niego con total rotundidad», añadió el delegado del Gobierno español.