Maddi TXINTXURRETA
DONOSTIA
FUTURA LEY DEL ABORTO

La ley del aborto de Madrid avanza en derechos pero deja fuera la «tasa rosa»

El Consejo de Ministros español aprobó ayer el anteproyecto de la ley del aborto que deja atrás la superreducción del IVA a los productos de higiene menstrual y no perseguirá a las personas que recurran a la gestación subrogada en otros Estados. Madrid prevé que el paquete de medidas tendrá un coste de 104 millones de euros.

El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó ayer en primera lectura el texto de la futura ley del aborto, que se tramitará por la vía de urgencia e incluirá entre las medidas permitir abortar a las jóvenes de 16 y 17 años sin necesidad de permiso familiar, blindar el derecho a la interrupción del embarazo en los centros públicos e introducir la baja por reglas incapacitantes a cargo de la Seguridad Social. La mayor ausencia del texto, sin embargo, fue una vieja demanda que el Ejecutivo de coalición incluyó en su pacto de Gobierno: la superreducción del IVA al 4% de los productos de higiene menstrual, conocida como la «tasa rosa».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad e impulsora del texto, Irene Montero, destacó que este anteproyecto de ley garantiza el derecho de la mujer «a decidir sobre su propio cuerpo» y que es «la puerta de entrada» a otros derechos, como al trabajo, a la participación política y permite que puedan vivir mejor y desarrollar sus proyectos de vida.

En la misma línea, la portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez, celebró que esta norma permitirá «continuar ampliando derechos», tras la aprobación hace 12 años por parte del Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero de la actual ley del aborto.

No obstante, hubo medidas que se quedaron atrás, como que el IVA actual a productos de higiene menstrual, que se sitúa actualmente en el 10%, se bajase hasta el tipo superreducido del 4% que corresponde a los artículos de primera necesidad. Montero admitía el lunes que «el Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en esta ley».

El texto incluye, eso sí, que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales se repartan gratuitamente productos de salud menstrual con el fin de acabar con la pobreza menstrual.

Otra de las sorpresas tras la aprobación del texto es que finalmente la futura ley no perseguirá a las personas que recurran a la gestación subrogada en otros Estados. Igualdad declaró en un principio que otorgaría la potestad a los tribunales del Estado para que persiguieran a las personas que recurran al extranjero en busca de mujeres que gesten a bebés a cambio de dinero. Esta cuestión se cayó del texto ayer, aunque el anteproyecto de ley sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer.

El texto también recoge otras violencias contra las mujeres relacionadas con este tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad o el embarazo y aborto forzoso.

Educación sexual

El texto también recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual. Esto se incluye en el capítulo de Educación Sexual, donde se apunta que esta será integral en las principales etapas educativas con el objetivo de ofrecer conocimientos basados en el consentimiento y las relaciones basadas en los buenos tratos.

Además, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica; y se formará de forma específica en educación sexual y menstrual a profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de prisiones, trabajadores y trabajadoras públicos.

Entre las medidas de esta nueva norma destaca, asimismo, que los centros de salud vayan a distribuir la píldora del día después de forma gratuita y en centros de servicios de salud sexual y reproductiva.

Medidas centrales

En realidad, la medida prioritaria y espina dorsal del anteproyecto de la ley del aborto es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de 16 y 17 años sin permiso de sus padres, madres o tutores. Condición que se elimina también para las mujeres con discapacidad.

Esta es la medida que motivó principalmente la reforma que ha acabado siendo un amplio paquete de medidas, en la que se ha incluido la eliminación de los tres días de reflexión que se exigen actualmente a las mujeres que buscan abortar, una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y la retirada –si no lo piden ellas– del sobre que contiene información relativa al embarazo y a la maternidad que se les entrega a las mujeres que ya han decidido abortar.

«Las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten, y el Estado no duda de la decisión de las mujeres cuando esté tomada», aseguró Irene Montero.

Otra de las políticas más ambiciosas que la ministra consiguió incluir en el texto ha sido blindar el aborto en los centros sanitarios públicos para así garantizar que al menos en un centro de las capitales de cada provincia se realicen abortos y el derecho a la objeción de conciencia no someta el derecho a abortar. Para ello se realizará un listado de objetores que, como con la ley de eutanasia, deberá garantizar que haya personal disponible en estos centros públicos, evitando así la derivación de los abortos a la sanidad privada. Con la ley se exigirá que los profesionales sanitarios que se declaren objetores también lo sean en la sanidad privada.

El Consejo también aprobó la baja por dolores menstruales incapacitantes que asumirá el Estado desde el primer día. «Se acabó empastillarse antes de ir al trabajo y ocultar que tenemos un dolor que nos incapacita», celebró la titular de Igualdad.

Por otra parte, esta nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y en el posparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.

Irene Montero cifró en 104 millones de euros el coste del paquete de medidas que incluye el anteproyecto de ley.

El coste del nuevo permiso preparto –a partir de la semana 39 de embarazo– costará 57 millones de euros; el de las bajas por menstruación incapacitante, 23,8 millones de euros, y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.

Euskal Herrian gehienak aldeko, baina hilekoagatiko bajarekin adi

Abortuaren Legearen aurreproiektuak Euskal Herriko zenbait alderdi eta sindikaturen erreakzioak eragin zituen, positiboak gehienak. EAJ, Aitor Estebanen bitartez, 16 urtetik aurrera adingabeei gurasoen baimenik gabe abortatzeko aukera ematen dien eredura itzultzearen alde agertu zen, baina uste du Madrilgo Gobernuak «puntu horretara mugatu» behar zuela erreforma, «eta ez sartu beste gairik legean».

Mertxe Aizpurua EH Bilduko legebiltzarkideak ondo hartu zuen «16 urtetik gorako emakumeen erabakitzeko eskubidearen itzulera» nahiz hilekoaren osasunari buruzko elkarrizketa abiatzea, «tabua izan ez dadin». Hala ere, hilekoari lotutako produktuei BEZa jaistea aurreikusten zuen neurria testutik kanpo geratzea eta «emakumeen osasunaren kontura negozio egiten» jarraitzea deitoratu zuen.

Kontrako aldean, UPNk esan zuen «zentzugabekeria» dela 18 urtetik beherakoek abortatu ahal izatea gurasoen edo tutoreen baimenik gabe.

Sindikatuei dagokienez, ELAk esan zuen atzo Madrilen onartutakoa «lege feminista eta klase-irakurketaduna» dela. Era positiboan baloratu zituen lege-aurreproiektuan jasotako neurri gehienak, baita hileko mingarriek eragindako lan-bajari dagokiona ere. Dena den, adierazi zuen eskubide hori ezin dela erabili emakumeak lan-merkatuan diskriminatzeko, eta hori saihesteko «mekanismoak jarri behar direla».

LAB hilekoarengatiko bajak arautzen dituen neurria baloratzera mugatu zen: «Hilekoagatiko ezintasun berezia izateak, azkenean, baldintza egokietan ez bagaude lanera ez joateko eskubidea aitortzea dakar. Osasunaren aurrean presentzialismoa lehenestea izan da orain arte gai honetan ezarri den irizpidea, eta neurri horrek joera hori aldatzea ekarriko luke». Baina, ELAk bezala, uste du ziurtatu behar dela «neurri horrek ez duela emakumeen diskriminaziorik eragingo kontratatuak izateko, kontratuak berritzeko edo lan-karreran gora egiteko orduan». «Nolanahi ere, oso urrun gaude oraindik ere lantoki osasungarriak lortzetik eta emakumeon osasunaren berezitasunak kontuan hartzetik. Sektore feminizatuetako gaixotasun profesional gehienak ez daude aitortuta eta ez dira kontuan hartzen», agertu zuen sindikatu abertzaleak.M.T.