Àlex ROMAGUERA
HACIA LA REPÚBLICA CATALANA

El soberanismo catalán busca nuevas vías para alcanzar otro 1-O

Ante la conmemoración del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, personalidades y activistas han tomado la iniciativa con el objetivo de reactivar las bases favorables a la autodeterminación y a la desobediencia civil como herramientas para resolver el conflicto.

Desde el referéndum de independencia de 2017, Catalunya ha quedado sumergida en un hartazgo político que, agravado por la represión del Estado, ha impedido fijar una hoja de ruta que permita reanudar el camino hacia la anhelada República. Pese a contar con mayoría en el Parlament, los partidos soberanistas no han logrado consensuar una estrategia que acerque el país a este objetivo, y entre las principales entidades tampoco hay la sintonía necesaria para arrastrar al conjunto del movimiento a un escenario de ruptura democrática.

Ante esta parálisis, y las discrepancias que mantienen ERC, JxCAT y la CUP respecto a la mesa de diálogo y su postura en el Congreso español, actores de la sociedad civil han lanzado propuestas que buscan recoser la unidad y fortalecer el músculo social para un futuro embate con el Estado.

Este es el propósito de Debat Constituent que, bajo la coordinación del cantautor Lluís Llach y la exdiputada de la CUP Gabriela Serra, trabaja para que se extienda el debate en torno a los futuros ejes de una constitución catalana. De momento, la plataforma va sumando núcleos locales que analizan los modelos de sanidad, educación, seguridad o derechos básicos que, de acuerdo con otros documentos, han de configurar los ejes de la eventual Carta Magna.

Retomar desde abajo. Más allá de Debat Constituent, destaca el papel del Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació (ASAA), un grupo de 33 personas cuyo objetivo es recabar el máximo de adhesiones en defensa de un marco de resolución democrática que termine con la represión y conlleve el ejercicio del derecho a decidir de la sociedad catalana.

Creado a instancias del president de la Generalitat, Pere Aragonès, aglutina entre sus promotores al exdiputado de la CUP David Fernàndez, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el exconseller de Interior Quim Forn, la exconsellera independiente Marina Geli, la exdiputada de ERC Marina Llansana, además de al escritor Jaime Pastor, la historiadora Anna Sallés, los cooperativistas Ivan Miró y Bernat Sorinas y los activistas Tamara Carrasco y Marcel Vivet, represaliados en la causa general contra el procés.

Este grupo, sin ningún vínculo partidista, aspira a «traducir el apoyo ininterrumpido a la amnistía y la autodeterminación, que oscila entre el 67% y el 81%, en un manifiesto que sea suscrito por las principales entidades de la trama social, económica, política y cultural del país». Así lo expresaron sus portavoces en el acto de presentación celebrado el 30 de marzo en la Llotja de Mar de Barcelona, donde se difundió un texto que, según David Fernàndez, «realzará el clamor a una salida al conflicto que debe pasar por el fin de las causas judiciales y por un referéndum».

En la misma línea, Carme Forcadell insistió en que los principios de cualquier alternativa democrática han de contemplar la amnistía, entendida como la necesidad de una solución integral para todas las personas exiliadas, encausadas y represaliadas (actualmente cerca de 4.000), y la autodeterminación, concretada en el respecto a la libre decisión que tome la sociedad catalana. «Y estos elementos –añade la expresidenta del Parlament– no son la única salida deseable y razonable, sino la más justa, duradera y democrática».

1 de octubre, día D. Para los impulsores del Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, la clave para agregar el máximo de apoyos exige no repetir el tutelaje partidista que tuvieron el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir de 2014 o el mismo Pacto Nacional por el Referéndum de 2017. Lejos de este esquema, anteponen su pluralidad de perfiles y trayectorias para implicar el gran abanico de sectores que, hoy por hoy, demandan una solución pacífica y democrática al conflicto catalán. «Desde el pacifismo al ecologismo, pasando por la defensa del derecho de la vivienda, el feminismo o el cooperativismo, podemos contribuir a hacer de esta herramienta un punto de partida y reencuentro», asegura la exconsellera Marina Geli.

Con esta posición colectiva y transversal, ASAA ha emprendido una agenda de trabajado que, durante cinco meses, tratará de traducir la realidad demoscópica persistente en los últimos años en un «manifiesto política unitaria que refleje el apoyo de la sociedad a la amnistía y la autodeterminación».

Será el 1 de octubre, cuando se conmemore el quinto aniversario del referéndum, que pondrá a disposición de los partidos, instituciones y otras entidades los resultados obtenidos. «Estamos convencidos de que será un instrumento útil para todas las partes», indica David Fernàndez, según el cual, a partir de ahí, tiene que ser el conjunto de la sociedad –y no únicamente los partidos– la que «aterrice» estos clamores para hacerlos realidad.

Desobediència Civil: la llave municipal. Desde el pasado 7 de mayo, Bàscara (Alt Empordà) es simbólicamente el primer «municipio catalán liberado de la jurisdicción española». Ese día, mediante la lectura de un bando municipal, proclamó su constitución como nuevo Ayuntamiento de la República Catalana mientras decenas de personas levantaban puntos fronterizos en sus principales accesos. Allí entregaban a los vecinos pasaportes que acreditaban su pertinencia al nuevo Estado catalán.

Con esta acción, que incluyó debates y otras actividades, Desobediència Civil irrumpía en sociedad para instar a los municipios a que se impliquen de nuevo en el proceso de emancipación, emulando así la experiencia que se vivió en Catalunya a raíz de la consulta sobre la independencia que convocó el Ayuntamiento de Arenys de Munt el 13 de septiembre de 2009, la cual replicaron medio millar de localidades más. «Iniciamos un período donde cada pueblo o ciudad pueda autodeterminarse de forma simbólica y empezar un nuevo ciclo hacia la soberanía territorial», cita el manifiesto de Desobediència Civil.

También, al igual que el Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, la nueva plataforma integrada por militantes de los CDR se ha fijado el 1-O como fecha para visualizar el compromiso de los entes locales con el derecho a decidir y la ruptura democrática. Hasta entonces, irá «liberando» nuevas localidades para dimensionar el papel histórico que los municipios han de tener en vistas a un nuevo embate con el Estado.