Mr. Gore...‏From my cold, dead hands! (Señor Gore... ¡De mis frías y muertas manos!)», exclamaba el actor Charlton Heston, presidente durante años de la National Rifle Association (Asociación Nacional del Rifle), la famosa y poderosísima NRA. Lo decía al clausurar la 129ª Convención de la organización en el año 2000 e interpelaba al entonces candidato a presidente demócrata, Al Gore, quien durante la campaña, como todos los demócratas, suele abogar por más restricciones en las leyes para comprar armas, que son extremadamente fáciles en Estados Unidos.

La escena se ve en el documental ganador del Óscar “Bowling for Columbine”, del director Michael Moore. Y esa frase no es cualquiera: es un emblema de la NRA y es parte de una frase que suelen llevar en un adhesivo colocado en el coche o en las ventanas quienes apoyan la libertad de armarse: «I'll give you my gun when you take it from my cold, dead hands (Te daré mi arma cuando la cojas de mis frías, muertas manos)».

Con la tragedia de la matanza de 19 niños y niñas y dos profesoras a manos de un joven de 18 años en una escuela de una pequeña ciudad de Texas, el debate sobre la comercialización de armas vuelve a estar sobre la mesa. Lamentablemente, los tiroteos en escuelas son algo que ocurre con frecuencia aunque esta matanza es la peor en muchos años y el hartazgo de una buena parte de los estadounidenses al respecto, también.

Si bien hay razones sociológicas y culturales profundas por las que este tipo de hechos ocurren, perpetrados generalmente por gente con la salud mental perturbada, hay razones políticas y legales que hacen más fácil que sea posible que sucedan. La principal: el sistema legal en Estados Unidos establece normas laxas para el porte de armas. Es tan fácil que hasta puede comprarse un rifle en un supermercado.

La Segunda Enmienda de la Constitución establece el derecho a portar armas y fue sancionada en 1791, junto a otras nueve enmiendas. Es a partir de este derecho constitucional y de los intentos por otros sectores de restringirlo que se activan con fuerza desde mitad del siglo pasado grupos de presión civiles a favor de la comercialización libre de armas. De hecho, la NRA fue creada en 1871, pero pasó a ser más activa cuando vio los intentos de revocar la libertad de armarse, especialmente después del asesinato del presidente John F. Kennedy, en 1963.

La NRA es la más famosa (tiene cerca de tres millones de afiliados) de las varias asociaciones que congregan a activistas a favor del libre porte de armas, ubicados especialmente en las zonas menos urbanas y más rurales de Estados Unidos. Y ejerce su poder de influencia gracias al peculiar sistema político y electoral.

Es posible que Estados Unidos sea la democracia en la que más está naturalizado el rol de los lobbies, cuyo lugar de mayor despliegue es el Congreso en Washington. El conocido como Gun Lobby es uno de los más poderosos, aunque hay que aclarar que está muy por debajo del de las farmacéuticas, las aseguradoras de la sanidad privada y algunas tabacaleras.

Según la organización OpenSecrets, el lobby de las armas gastó en su conjunto el año pasado casi 16 millones de dólares en su operativo de presión, mientras que los grupos que apoyan el control de armas gastaron solamente 2,9 millones.

Desde la perspectiva europea esto puede ser complejo de entender. ¿En qué se gastan tantos millones? Básicamente se trata de actos públicos y donaciones en las campañas electorales, además de en abogados, publicistas y empleados. Es el quid de esta cuestión: su poder radica en el impacto que tienen en el proceso político, desde las primarias hasta la sanción de leyes en el Capitolio.

En Estados Unidos hay primarias abiertas para todos los cargos. Los partidos están obligados a permitir que cualquiera que tenga los avales necesarios pueda participar de ellas, incluso en contra de la aristocracia de los partidos (el caso de Barack Obama es ejemplo de ello). Las campañas en una democracia de 330 millones de habitantes son muy caras y allí no existe una legislación, como la del Estado español, que fije los espacios de propaganda audiovisual gratuita o las subvenciones. Lo único reglamentado (y gratuito) es el debate presidencial con los dos candidatos que surjan de las primarias de las dos grandes formaciones.

Esto hace que los candidatos en cada circunscripción dediquen enormes esfuerzos a recaudar dinero para financiar las campañas y es un hecho determinante a la hora de conformar coaliciones. La sociedad civil estadounidense es muy activa y los grupos de presión y asociaciones son parte activa de la campaña, muchas veces por encima de los partidos.

Desde la propia base, los candidatos a diputados y senadores (y todos los cargos, pero en lo que hace a la regulación de las armas, lo que importa son los legisladores que van a Washington) están condicionados por las promesas que han hecho para recibir apoyo político y financiero.

Aquí también entra en juego el sistema federal y bicameral: las zonas más urbanas, que suelen votar más progresista, ven siempre un dique para las transformaciones en los bloques de legisladores que vienen de las regiones más rurales, en donde la caza y los valores conservadores son muy importantes (por ejemplo, la propiedad privada y el porte de armas). El Senado, en el que los votos de un estado como California, con 40 millones de habitantes, vale lo mismo que el del rural y montañoso Montana, 39 veces menos poblado, es el dique en el que iniciativas como la restricción de las armas tienen seguro fracaso.

La lógica de libre mercado impregna el sistema político: el legislador que cambie de opinión sobre, por ejemplo, el porte de armas pierde automáticamente el apoyo político y financiero de la NRA (además de la acusación de traición) y esos recursos irán a otro representante electo que sí los apoye. Y sin dinero no hay campaña ni votos.

La revolución digital con el poder de las redes sociales no ha hecho más que amplificar todo este fenómeno y dar a los activistas un mayor peso. Otro dato que hace más permeable la influencia de los que financian las campañas: la Cámara de Representantes se renueva en su totalidad cada dos años (el Senado, por mitades, cada dos).

Es por esto que para cambiar la legislación sobre el porte de armas hace falta un cambio legislativo profundo que permita a los candidatos no necesitar el oxígeno financiero de los lobbies desde el mismo inicio del proceso. O sino una revuelta cultural y un cambio social de magnitud, como el que ocurrió con el acta de derechos civiles en los años 60 del pasado siglo con respecto a los afroamericanos. Lamentablemente, en este caso, no hay tercera vía