El decreto de estabilización aprobado por el Gobierno navarro mantiene una temporalidad del 40%, según aseguraron ayer varios sindicatos que realizaron una concentración ante la sede del Ejecutivo de María Chivite.

Tras una pancarta con el lema «O nos estabilizas o nos precarizas», empleados públicos de ELA, Steilas, ESK y de la Asamblea de Trabajadores Temporales de Nafarroa denunciaron una norma que, en su opinión, no solo no reducirá la temporalidad al 8% indicado por Europa, sino que «no contiene elementos que impidan o disuadan» para que no se vuelva a repetir la situación, salvo «lo que ya se está reconociendo en los juzgados», con indemnizaciones de 20 días por año con hasta 12 mensualidades para «temporales fraudulentos».

Izai Bujanda, responsable de Servicios Públicos de ELA, indicó que este decreto ley «es casi la traslación a Navarra de la normativa estatal», contra la que también se movilizaron, y sostuvo que el Ejecutivo «debería coger el imperativo que viene de Europa de reducir la temporalidad al 8% y sin embargo, esto no va a suceder, porque aún con las 3.588 plazas estaremos por encima del 40%».

Admitió, por ello, que «son necesarias OPE excepcionales para cortar de raíz la temporalidad», pero reclamó un proceso «a través del autogobierno» para aprovechar las herramientas legislativas que tiene Nafarroa para «consolidar a la mayor parte» de los puestos temporales.

Además, Bujanda subrayó que esto se tiene que hacer «teniendo en cuenta las reivindicaciones de los sindicatos, con procesos de negociación, y no como se ha hecho ahora, apurando plazos y evitando así una negociación real en las mesas sectoriales y en la general».

Por último, señaló que el Gobierno ha hecho de la ley estatal «la interpretación más restrictiva» y, «aun pudiendo ampliar las plazas, lo que ha hecho es reducir el concepto de ininterrupción o de estructural», ya que, según el vicelehendakari, Javier Remírez, «por seguridad jurídica no se puede ir más allá».

Algo que ELA, Steilas, ESK y la Asamblea de Trabajadores Temporales cuestionan porque «cuando tiene voluntad de hacer algo, tiene un arrojo que deja la seguridad jurídica en segundo plano», por lo que exigen al Gobierno que «utilice las competencias propias para abordar la lacra de la temporalidad y reducirla al 8%».

Al respecto Raúl López, de Steilas, denunció «una doble vara de medir» en el Ejecutivo de Nafarroa, que «utiliza la ley para estabilizar el PAI, pero no para consolidar a todo el personal de esa misma Administración», por lo que emplazó a los grupos parlamentarios a ser «coherentes» cuando llegue el momento de convalidar el decreto.

Las convocatorias de Lakua, «insuficientes» para LAB

LAB denunció que «las convocatorias de estabilidad que ha impuesto el Gobierno Vasco son del todo insuficientes» y, en este sentido, advirtió de que «miles de puestos de trabajo de carácter estructural que no figuren en las relaciones de puestos de trabajo quedarán excluidos» de ellas. El sindicato, que no descarta la «acción jurídica», lamentó que se sigue «imponiendo fraude y precariedad».

En un comunicado, LAB explicó que, desde la aprobación de la Ley 20/2021 para la estabilización del empleo a finales del año pasado, «los plazos para impulsar procesos de estabilidad en las administraciones públicas han ido avanzando y para el 1 de junio deben estar publicadas todas las convocatorias». Sin embargo, alertó de que, pese a que está «la fecha encima», el balance «no es bueno». Así, aseguró que con las convocatorias anunciadas por Lakua «no será posible cumplir para finales de 2024» el objetivo de situar en el 8% el nivel de temporalidad de la Administración.GARA