El fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo ha sido condenado a 28 años y dos meses de cárcel como autor de un delito de violación, otro de abusos sexuales, seis relacionados con pornografía infantil y dos de estafa.

En su sentencia condenatoria, de 339 páginas y a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa integrado por María José Barbarin, Ana Isabel Moreno y el ponente, Augusto Maeso, considera a Cabezudo responsable de un total de diez delitos, si bien lo absuelve de otros 217 delitos que le habían imputado las acusaciones.

Durante el juicio contra Cabezudo por la causa principal en la que estaba procesado, que se celebró entre el 7 de marzo y 13 de abril, la Fiscalía reclamó más de 250 años de prisión para el acusado, mientras que la acusación particular, que representa a catorce de las 17 víctimas, elevó su petición hasta los 2.627 años.

Contra la libertad sexual.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) en una nota de prensa, respecto a los delitos contra la libertad sexual, la resolución judicial indica que el acusado cometió uno de violación y otro de abuso sexual, en relación a dos víctimas distintas, ambas mayores de edad en el momento de los hechos.

El delito de violación lo considera cometido cuando, durante la grabación de un vídeo con contenido sexual, el acusado «hurgó insistentemente» en la vulva de una de las modelos, ante lo que esta en tres ocasiones intentó retirarle la mano, pero él «resistió la presión física de ella y continuó» haciéndolo «sin consentimiento».

El delito de abuso sexual lo considera cometido en relación a otra de las modelos cuando, durante una sesión fotográfica, el acusado le introdujo sus dedos en la vulva, sin el consentimiento de ella.

La sentencia explica en ambos casos que una cosa es acudir voluntariamente a un estudio de un fotógrafo para que este tome imágenes con significación sexual, siendo remunerada por ello, y otra «bien distinta», consentir que en el transcurso de las sesiones, realice «cuantas acciones desee sobre el cuerpo de la mujer y sobre sus genitales».

«Ambas modelos mostraron su oposición al acusado a esas concretas prácticas, pero éste no respetó su libertad sexual y las realizó sin el consentimiento de ellas», recalca.

En lo referido a los delitos de elaboración de pornografía infantil, la resolución examina tanto individualizadamente como en conjunto las pruebas existentes con la finalidad de determinar la edad de las modelos en los distintos momentos en las que fueron fotografiadas por el acusado y si el contenido de las imágenes que tomó de ellas debe ser considerado pornográfico.

Con este fin, la sentencia analiza las declaraciones de las partes, los contratos que suscribieron y elementos como el nombre de los archivos donde el acusado conservaba las imágenes, sus metadatos y los archivos donde se encontraron los distintos audios de las grabaciones videográficas realizadas por el acusado, y las sitúa temporalmente gracias a la prueba pericial que practicó la Ertzaintza.

En cuanto al supuesto carácter pornográfico de las imágenes, el escrito considera como tal «todo material que represente de manera visual a un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada», además de «cualquier representación de los órganos sexuales de un menor con fines principalmente sexuales».

De esta forma, se determina probada la comisión de este delito respecto a seis víctimas, pero lo condena por uno de los casos, al considerar prescritos los otros cinco.

Los magistrados también ven acreditado que el acusado difundió en sus páginas web el material correspondiente a cuatro de las otras víctimas, por lo que le condenan por cuatro delitos de difusión de pornografía infantil no prescritos.