M. U.
BAIONA

«El fallo sobre Esnal y Parot sienta la premisa para una justicia transicional»

Jean-Rene Etchegaray intervino al inicio del consejo comunitario de la Mancomunidad Vasca para asegurar que la decisión de la Corte de París de excarcelar a Ion Kepa Parot y Jakes Esnal «asume la voluntad de paz demostrada de manera constante por la sociedad vasca desde Aiete» y «sienta las premisas para una justicia transicional».

Jean-René Etchegaray, en una fotografía tomada en el consejo comunitario del 9 de julio .
Jean-René Etchegaray, en una fotografía tomada en el consejo comunitario del 9 de julio . (Guillaume FAUVEAU)

En coherencia con el compromiso expresado por los electos que conformaron, en la sede de la Mancomunidad Vasca, una «célula de espera», el pasado jueves, día en que se dio a conocer la decisión de la Corte de Apelación de París, Jean-René Etchegaray evocó ayer, de nuevo, la cercana excarcelación de los labortanos Jakes Esnal y Ion Kepa Parot.

Lo hizo al arranque de la reunión del consejo comunitario que celebró la institución de Ipar Euskal Herria en el Auditorio Grenet, en la Cité des Arts de la capital labortana.

Antes de abordar la agenda del plenario, Etchegaray hizo una declaración en la que abordó diferentes cuestiones, la primera de ella referida a la decisión de la Corte de Apelación, que consideró como «el resultado de una larga movilización de la sociedad civil y de los electos» vascos.

«Muchos de vosotros me habéis transmitido el alivio que habéis sentido por una decisión que debe ser recibida como muestra de una voluntad de apaciguamiento», expresó el presidente de la Mancomunidad Vasca, para rendir a continuación un sentido homenaje a tres artesanos por la paz ya desaparecidos: Mixel Berhokoirigoin, Mixel Bergouignan y Michel Tubiana.

Sanar las heridas

El dirigente centrista estimó que ese fallo judicial, que llevará a la excarcelación a mediados de octubre de dos presos que han pasado 32 años en prisión, «toma en cuenta la voluntad de paz que ha demostrado Euskal Herria con constancia desde la Declaración de Aiete, de 2011».

«Ese proceso, cuyo espíritu quiero recordar, respondía a la noble ambición de 'sanar las heridas de las personas y de la sociedad', en palabras de Kofi Annan, será, ya lo sabemos, largo, y pasará, necesariamente, por el reconocimiento de todas las víctimas», prosiguió el presidente de la institución de Ipar Euskal Herria, para añadir que, aun con todo, «este tipo de decisión es una bocanada de aire en un camino tantas veces cargado de impaciencias y de incomprensiones y dibuja, así lo espero, las premisas para una justicia transicional para Euskal Herria».

Victoria en Pau

No fue la única decisión que saludó el presidente de la Mancomunidad al inicio del consejo. Así, Etchegaray se refirió, en un segundo punto de esa declaración premilinar, a la victoria obtenida por la institución en relación al llamado mecanismo de compensación, norma mediante la que aspira a rescatar del mercado de alquiler turístico unos 11.000 bienes.

La decisión del Tribunal Administrativo de Pau, conocida el 16 de setiembre, levantó la suspensión impuesta, a raíz de un recurso de multipropietarios, a esa medida por la que el propietario de un alquiler turístico debe sacar al mercado, en compensación, otro bien para el alquiler al año.

«El 16 de setiembre ganamos una batalla primordial, tanto política como judicial, con el levantamiento por el juez de la suspensión que pesaba sobre nuestro reglamento relativo a alquileres turísticos», valoró el presidente de la institución de Iparralde.

De esta forma, y a la espera de que la justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, la norma adoptada en marzo por la institución y retocada tras un primer revés sufrido en el Tribunal de Pau -ese cambio quedó reflejado en un voto definitivo del reglamento en el consejo comunitario del 9 de julio- podrá entrar en vigor en marzo de 2023.

Por lo demás, en la reunión de ayer, los electos de la Mancomunidad Vasca refrendaron diversas medidas, entre las que destaca, por su importancia, el nuevo dispositivo de ayudas directas al sector productivo, que busca sostener la actividad industrial, con la vista puesta en la transición ecológica y energética y en garantizar, al tiempo, «el beneficio social». Contempla subvenciones de hasta 200.000 euros.

«En un contexto de urgencia climática sin precedentes», el Ejecutivo de la institución defendía, por otra parte, la inversión anual de 100 millones de euros que dedicará a mejorar la red y los sistemas de saneamiento de agua.

El consejo acordó por unanimidad exoneraciones para la agricultura ecológica y para la vivienda en el caso de familias con menos recursos.