Stop Desahucios hizo ayer un llamamiento a evitar el lanzamiento de la vivienda de una octogenaria de Usurbil solicitado por un prestamista. La portavoz de la plataforma, Rosa García, denunció este caso en una rueda de prensa celebrada en el Boulevard de Donostia, donde también compareció la afectada, María Ángeles Otegi, quien, completamente superada por la situación, no dejó de llorar, lo que le impidió tomar la palabra durante la comparecencia ante los medios de comunicación.

Varias decenas de simpatizantes de la plataforma arroparon con gritos de apoyo a la afectada, quien también fue respaldada en este acto por la alcaldesa de Usurbil, Agurtzane Solaberrieta, así como por distintos representantes municipales y forales de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y EB-IU, de los sindicatos LAB y ESK, y de varias plataformas de jubilados.

Préstamo «leonino»

«Era un préstamo absolutamente leonino con el único objetivo de hacerse con una vivienda por 60.000 euros, o por el 60% de su valor de tasación, que en el mercado inmobiliario, en Usurbil, puede costar más de 300.000 y dejar en la calle a una jubilada de 80 años. Es usura con mayúsculas», describió García en su intervención.

Por este motivo, la portavoz de Stop Desahucios hizo un emplazamiento a evitar la «inminente» subasta de esta vivienda, que cuenta con un total de 90 metros cuadrados y que está totalmente reformada. Consideró que lo que se pretende hacer es «un robo», al tiempo que criticó la «usura» de algunos prestamistas que calificó de «gentuza» y que, en su opinión, «son peores que los bancos y los fondos buitres. Que ya es decir», remarcó.

Por su parte, la abogada de la plataforma, Maite Ortiz, quien también estuvo presente en la rueda de prensa, dio a conocer las condiciones del préstamo suscrito por el hijo de la afectada: un crédito a pagar en cinco años, con un interés del 12,5%, y que firmó con el aval de su madre con la intención de cancelar otro crédito anterior de más de 30.000 euros.

Deuda «inflada»

Ortiz recordó que el prestamista no llegó a hacer entrega de la totalidad de los 61.500 euros al solicitante, porque le retuvo 30.000 para pagar al anterior acreedor, así como otros 7.000 por la comisión de apertura, una situación en la que, según comentó, la deuda se vio «inflada notablemente».

En este contexto, «a la tercera cuota impagada», el prestamista instó una demanda de ejecución hipotecaria, sin el conocimiento de María Ángeles Otegi, quien al ser advertida por el juzgado en el mes de abril del año 2021 de que su vivienda iba a ser subastada, contactó con Stop Desahucios. La abogada de la plataforma se opuso a la ejecución por la existencia de «cláusulas abusivas» en el contrato.

No obstante, su iniciativa no llegó a prosperar porque el hijo de la afectada ya lo había intentado antes sin éxito y el juez lo consideró «causa juzgada».

De esta manera, el procedimiento y la subasta han seguido adelante, por lo que la letrada ha formulado una última petición al juzgado con el fin de conocer «el importe total de las cuotas pendientes», con la intención de suspender la subasta y abonar solo la cantidad que en estos momentos esté pendiente.

Buscar soluciones

Ortiz desveló que, de ser atendida esta solicitud por el juzgado, la plataforma tendría tiempo para «buscar soluciones» y que la afectada «se mantenga en su vivienda».

La letrada aclaró también que los motivos por los que la gente recurre a este tipo de préstamos responden a las últimas crisis económicas, en las que algunas personas «no tienen posibilidades de que los bancos les concedan préstamos», porque «no reúnen los requisitos necesarios» y se ven obligadas a acudir a prestamistas que en ocasiones se los dan «con el propósito de quedarse con la vivienda».