Naiale URKIJO (Efe)
LAUDIO

Víctimas de arrollamientos de tren piden medidas para evitar más muertes

La Asociación de Víctimas de Arrollamientos Ferroviarios, creada por el padre de una joven atropellada en la estación de Areta en 2016, reclama medidas como el soterramiento de todos los pasos entre andenes o que se recupere la figura del jefe de estación.

Movilización para exigir el soterramiento de Feve en Zorrotza.
Movilización para exigir el soterramiento de Feve en Zorrotza. (Luis JAUREGIALTZO | FOKU)

La hija de Gonzalo Faustmann murió en 2016 al ser arrollada por un tren cuando cruzaba por el paso entre andenes de la estación de Areta, en Laudio. Seis años después, en diciembre de 2022, la madre de Raúl Fuentes murió de la misma manera a escasos cuatro kilómetros, en el apeadero de Santa Cruz de Gardea.

Pocas cosas han cambiado en este tiempo: ambos han sumado a la pérdida trágica e inesperada de un ser querido el «dolor» por el «silencio» de Renfe y Adif. Tras la muerte de su hija Irune, Faustmann creó la Asociación de Víctimas de Arrollamientos Ferroviarios (AVAF). La agrupación surgió «ante la falta de apoyo y de asesoramiento para ayudar a los nuevos familiares de víctimas» y también para tratar de que se mejoren las actuales medidas de seguridad.

Piden, por ejemplo, el soterramiento de los cerca de 400 pasos entre andenes que existen en el Estado español y, mientras eso no ocurra, que se instalen semáforos, barreras o se recupere la figura del jefe de estación. «Actualmente, hay un montón de pasos entre andenes y toda la seguridad que tienen es una señal en la que pone ‘peligro’», explica a la agencia Efe Faustmann, que alerta de la presencia de los llamados «pasos viciados», es decir, caminos de tierra que acaban en la vía.

Once muertes

En 2021, según los últimos datos publicados por el Ministerio español de Fomento y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 15 personas murieron en accidentes ferroviarios. De ellas, 11 fueron arrolladas por trenes.

A pesar de estas cifras, el Ministerio no califica los arrollamientos como «accidentes graves», sino como accidentes «a secas». Por ello, sus víctimas no tienen «derecho a ninguna asistencia y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tampoco tiene obligación de investigar» lo ocurrido, de manera que «lo hace cuando quiere».

Si la consideración de los arrollamientos se elevara a la categoría de «accidente grave» las víctimas podrían entonces recibir una asistencia más completa, incluida la atención psicológica.

Responsabilizar a la víctima

Faustmann critica, además, que Adif y Renfe «siempre responsabilizan a la víctima» del arrollamiento. Así ocurrió en el caso de su hija. En la documentación que Adif envió en 2017 al Senado, a petición del PNV, consta como conclusión del accidente: «Cruza paso entre andenes sin percatarse (de la llegada) del tren». La joven, cuya familia recogió cerca de 300.000 firmas para pedir más seguridad ferroviaria, fue arrollada y murió cuando atravesaba el paso entre andenes, el único existente en aquel momento. Desde abril de 2019 esta estación cuenta con un paso subterráneo.

A menos de cuatro kilómetros de donde falleció Irune, el pasado 13 de diciembre murió Rosa, la madre de Raúl Fuentes, también arrollada por un tren. La mujer, de 80 años y vecina de Urduña, se disponía a coger el tren de vuelta, y fue arrollada en el apeadero de Santa Cruz de Gardea en el paso entre andenes, que es el único cruce peatonal existente.

Volverá a pasar

Se trata de una «situación inhumana» porque «da la sensación de que no ha pasado nada», pero «ese paso sigue ahí y mañana morirá otra persona», apunta el padre de Irune, que llevó el caso a la Justicia, sin resultado. «Esto va a volver a pasar y no nos podemos quedar quietos», avisa Fuentes.

Entre las muertes de Irune y de Rosa, han pasado seis años. En este tiempo «ha cambiado alguna cosa», como que ahora las víctimas de arrollamiento están incluidas en el Seguro Obligatorio y se están colocando carteles de advertencia de mayor tamaño en las estaciones con pasos entre andenes.

«Eso es todo. Piensan que aumentando el tamaño del cartel el riesgo disminuye», se lamentan Faustmann y Fuentes, que confían en que su lucha dé frutos y no haya más familias que tengan que pasar por lo que ellos han sufrido.