Myanmar vive sumido en una espiral de violencia y semianarquía desde que el Ejército birmano (Tatmadaw) derrocó el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, sin que los militares hayan conseguido hacerse con el control en estos dos años. Desde el golpe de Estado, las fuerzas de seguridad han matado a más de 2.900 civiles y mantienen detenidas a cerca de 13.800 personas, entre ellas a la derrocada Aung San Suu Kyi.

Su falta de apoyo se vio ayer en las principales ciudades birmanas, incluida la más grande, Rangún, donde las calles, habitualmente llenas de transeúntes, estaban prácticamente vacías.

La «huelga silenciosa», convocada por grupos prodemocracia, ya fue la forma elegida para protestar, de forma masiva en el primer aniversario del golpe, sobre todo en las grandes ciudades, pese a que las autoridades militares presionaron y amenazaron con arrestar a quien participara.

Extensión del estado de emergencia

Pese al rechazo a los militares, la Junta anunció que extenderá seis meses más el estado de emergencia en el que se encuentra el país desde el golpe de Estado.

Si bien la Constitución birmana marca el límite en dos años, Hlaing ya dejó entrever la víspera que buscaba la forma de ampliarlo. Afirmó que la nación continúa acechada por «actos de terror», lo que sirvió como pretexto para extenderlo más, pues la Carta Magna solo permite hacerlo en tiempos «extraordinarios».

La prolongación de seis meses crea incertidumbre sobre las elecciones previstas para agosto, ya que, según la ley, los comicios deben ser convocados en los seis meses siguientes tras el fin del estado de emergencia, de modo que, si se tratara de la última extensión, aún tendrían hasta fin de año para celebrarlas.

«La Junta planea una transición del estado de emergencia a un Gobierno apoyado por los militares a largo plazo. En las actuales circunstancias, no hay esperanza de que los comicios fueran a ser creíbles, y los riesgos de que desaten violencia son muy altos», señaló Richard Horsey, de International Crisis Group.

Mientras, aumentan las voces en su contra dentro y fuera del país. EEUU, Gran Bretaña y Canadá anunciaron el martes nuevas sanciones, esta vez dirigidas contra seis individuos conectados a la Junta Militar, y Australia reveló ayer la imposición de sus primeras sanciones financieras y prohibiciones de viajes contra militares y altos cargos del régimen castrense.