La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, y el parlamentario Jon Hernández, anunciaron ayer un acuerdo con Lakua sobre la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la CAV. Una norma, aprobada en verano de 2021 en Consejo de Gobierno, que llegó en enero de 2022 a la Cámara de Gasteiz.

En una rueda de prensa, explicaron los cambios acordados en el articulado, entre los que destaca la «reparación integral» de las víctimas del franquismo, superando la «reparación moral» recogida en el texto. No obstante, no se han establecido los baremos que deben fijar las indemnizaciones, que, en palabras de Hernández, suponen «una línea roja» para el Gabinete.

«Los parámetros que nosotros siempre hemos propuesto es que sean unas indemnizaciones que tengan el visto bueno del colectivo memorialista y que sean equiparables a las indemnizaciones que se dan a víctimas de otro tipo de violencia», apuntó, tras rechazar que haya «víctimas de primera y de segunda».

En este sentido, señaló que son víctimas las personas que fallecieron luchando contra el fascismo en la guerra y aquellas que sufrieron la represión durante la dictadura; y destacó la violencia «sistemática y generalizada» que sufrieron las mujeres.

Crímenes del franquismo

El acuerdo incluye «medidas de reparación jurídica» en relación con la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales franquistas, y establece la «obligación» de las instituciones de colaborar con la Justicia internacional, en alusión a la querella argentina.

Gorrotxategi incidió en que han logrado que «la impronta de la legislación internacional, referida a la no prescripción, impregne esta ley»; aunque Hernández reconoció que una norma autonómica no es suficiente para lograr la imprescriptibilidad de los crímenes del franquismo y la derogación de la Ley de Amnistía.

El proyecto de ley, que todavía no ha iniciado la fase de ponencia, incluye la obligación de informar a las autoridades judiciales del hallazgo de restos de humanos, ya que «estamos hablando de víctimas y no de restos de la historia». Y requiere la retirada de elementos arquitectónicos «erigidos para rendir homenaje a los franquistas».

La norma también salvaguarda los «derechos para las organizaciones políticas y sindicales que plantaron cara al fascismo en Euskadi».