Sare celebró ayer en Astigarraga su asamblea anual, la séptima, en la que realizó un análisis de la evolución del año pasado y detalló los siguientes pasos a dar. Por un lado, el portavoz Joseba Azkarraga se mostró satisfecho por los avances logrados y porque la gran movilización del 7 de enero en Bilbo confirmó la capacidad de la plataforma. Pero también expresó su preocupación, especialmente por las trabas que se ponen a la vía legal de los presos vascos desde los juzgados españoles.

A punto de finalizar la política de alejamiento «nos ha tocado iniciar una nueva etapa», destacó Joseba Azkarraga junto a Bego Atxa. «Y en esta nueva fase la confrontación y el trabajo de denuncia no se centran sólo en los Gobiernos que violan los derechos de los presos, sino en una Justicia que está más centrada en esa ofensiva», agregó el portavoz.

Azkarraga aseguró que ese comportamiento se basa en la «venganza», pero lamentó que, además, utiliza la «prevarica- ción». Según remarcó, la Audiencia Nacional española y la Fiscalía se han convertido en un «arma jurídica de la extrema derecha política».

De este modo, Sare se comprometió a mantener su activación a través de movilizaciones en las calles y también mediante acuerdos políticos. «Está suficientemente demostrado que este país quiere mirar al futuro. Quiere acabar con el sufrimiento», señaló. En este contexto, añadió Azkarraga, «este pueblo, y con él Sare, no va a dejar de lado a los presos vascos».

Sare no sólo valoró la actuación de la Justicia española, sino también la del Ejecutivo de Lakua. Aunque desde Madrid se señala lo contrario, recordaron que los terceros grados que se les han concedido a estos presos son pocos: sólo 36, y en 25 de estos casos, además, la Fiscalía ha interpuesto recurso. A consecuencia de ello, una docena de presos han sido encarcelados de nuevo, con la retirada del tercer grado, mientras que otros ocho están a la espera de la decisión de los jueces.

Azkarraga puso sobre la mesa la realidad real, ya que actualmente el 64% de estos presos cumple los requisitos para acceder al tercer grado (o libertad condicional): un total 110. Así, señaló que la administración penitenciaria de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa aún tiene que dar muchos pasos.

Asimismo, los portavoces de Sare añadieron que algunas leyes excepcionales siguen en vigor: sobre todo las 7/2003 y 7/2014, la primera de ellas habilita penas de hasta 40 años de prisión, y la segunda posiblita que no se tengan en cuenta los años cumplidos en el Estado francés, en contra del criterio europeo.

«Etxera. Bai. Etxera»

La platafroma reiteró así su compromiso de trabajar contra la injusticia de la Justicia en esta VII Asamblea celebrada en Astigarraga. «”Etxera bidea gertu”, este es el mensaje que recoge nuestro deseo de avanzar», subrayó Azkarraga.

De esta manera, los portavoces de Sare expresaron que se mantienen firme en el lema: «Etxera. Sí. A casa. Porque, como dijimos en la presentación del lema, queremos que vuelvan a casa. Entre todos queremos abrir el camino para ello, y lo podemos conseguir a través de una política penitenciaria ordinaria. Eso dijimos entonces [en enero] y eso decimos también hoy».