El 2 de diciembre de 2009 la abogada Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía de Araba que el diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, le pedía una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñao.

La denuncia prosperó y en marzo de 2010 un juez ordenó la detención de ocho personas. Además de De Miguel, entre los detenidos figuraban Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, miembros de la Ejecutiva del PNV en Araba. Los tres fueron condenados casi una década después por corrupción.

Tras recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Araba, el Tribunal Supremo estableció el pasado mes de enero una pena de 12 años y 4 meses de prisión para De Miguel, de 7 años y 6 meses para Ochandiano, y de 5 años y 1 mes para Telleria. El exdirector de Juventud de Lakua Xabier Sánchez Robles también fue condenado a 7 años y 1 mes de cárcel.

Sin embargo, a día de hoy, todos ellos están en libertad, y De Miguel y Ochandiano trabajan en el sector público, en nómina de Lakua. De Miguel sigue trabajando en el seno de la fundación Hazi, con un cargo de responsabilidad en Itsas Garapen Elkartea, y Ochandiano en el Parque Tecnológico de Araba. El mismo parque que dio pie al caso.

Expediente de Hacienda

La situación de Alberdi es muy diferente. Durante el juicio, habló de la «impunidad», «facilidad» y «alegría» con la que los principales imputados exigían «pasar por caja» y su «temor» a no ser la única a la que se le pidió una mordida; y dio cuenta de las «amenazas» y represalias que padeció desde que presentó su denuncia en la Fiscalía.

Explicó que, a partir de ese momento, sufrió un «veto» que le impidió acceder a nuevos contratos públicos, y que incluso se le rescindió algún contrato vigente sin recibir «explicación alguna». Expuso que, en un momento dado, una «persona política» le manifestó que «durante muchos años mejor no hiciéramos el trabajo de presentarnos a concursos» públicos. «Me metí en esto quizá por convencimiento y por justicia; y debería haber reflexionado más sobre las consecuencias que iba a tener», indicó la denunciante, que, según publicó ayer ‘El Correo’, fue expedientada por la Hacienda de Bizkaia el 2 de marzo de 2018, tres días antes de declarar ante el tribunal.

El miércoles, el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, evitó pronunciarse sobre la inspección fiscal contra Alberdi, aunque insistió en que estos procedimientos están «muy tasados» y se desarrollan «con muchos objetividad» por parte de los técnicos, por lo que, a su juicio, no hay «sombra de duda».

A la espera

Donde sí hay más dudas es en la posición de De Miguel en el seno de Hazi, donde continúa pese a haber sido condenado por el Supremo hace ya dos meses.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, se pronunció el martes al respecto en el Parlamento de Gasteiz, donde explicó que la sentencia no se podía considerar «firme». «¿Cuándo será firme? En cuanto se reciba por parte de esta Administración, que está personada en el caso», apuntó.

Ayer insistió en que el exdiputado seguirá en Hazi, cobrando más de 57.000 euros anuales, hasta que Lakua reciba la notificación del auto de ejecución de la sentencia. En un desayuno informativo destacó que, hasta entonces, no procederá a «ningún tipo de actuación» porque «no existe ninguna seguridad jurídica».