El Parlamento de Gasteiz ni siquiera se va a dar la oportunidad de iniciar la tramitación de una ley para la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. PNV, PSE y Vox votaron ayer en contra. EP-IU la apoyó y PP+Cs se abstuvo.

Los partidos del Gobierno entienden que ya existen en la actualidad mecanismos suficientes para prevenir y corregir los casos de corrupción, aunque sean mejorables con la transposición de la legislación europea y estatal al respecto.

Por contra, EH Bildu, considera que la realidad está demostrando cada día que el entramado organizativo de la CAV no está siendo capaz de atajar los casos de irregularidades, corrupción y amiguismo.

Para rechazar esta ley, el Gobierno de Lakua hacía mención al Órgano de Control Económico, que el parlamentario Josu Estarrona recordó que está dirigido por un ex miembro del ABB del PNV. Este órgano fue incapaz de atajar el conocido como “caso De Miguel” y, en concreto, que durante los años 2005 y 2008 Xabier Sánchez Robles, director de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno de Lakua, cometiera los «delitos continuados» de «prevaricación», «malversación de fondos», «falsedad de documento oficial» y «tráfico de influencias».

Estarrona mencionó también que el TVCP se dedica a fiscalizar ejercicios contables pasados, y la Agencia Vasca de Protección de Datos no se sabe qué relación tiene como organismo de lucha contra las prácticas irregulares o corrupción. Y subrayó que ambos están dirigidos por excargos del PNV.

En cuanto al Ararteko, el parlamentario de EH Bildu llamó la atención sobre que éste mismo denuncia que el 59,10% de sus recomendaciones no son atendidas por el Gobierno de Urkullu. Sobre la Comisión de Ética Pública, Estarrona destacó que no funciona, y del Servicio de Registro de Personal recordó que no está siendo capaz de vigilar el cumplimiento de la ley, como se ha demostrado con la docena de cargos públicos que este medio detectó que habían pasado a la actividad privada saltándosela.

Sobre que la creación de la oficina supondría una «duplicidad», Josu Estarrona se preguntó cómo se puede duplicar lo que no existe.

Además, criticó que cuando desde el Ejecutivo se invita a quienes denuncian casos de corrupción a que acudan a los tribunales, es porque saben que para ello hay que tener mucho valor o ser temerario, después de ver cómo, por ejemplo, la abogada que destapó el “caso De Miguel” por estar siendo chantajeada, no ha vuelto a poder contratar con instituciones del PNV y además recibió la notificación de una inspección fiscal poco antes de tener que ratificar su denuncia ante los tribunales. «Casualidades», ironizó Estarrona.

PNV y PSE: «Innecesaria»

En esta ocasión, al contrario que lo hecho en otras iniciativas similares, PNV y PSE han participado en el debate y no se han limitado a la explicación de voto, lo que Josu Estarrona ha agradecido. Tanto el jeltzale Ion Andoni Atutxa, como Ekain Rico, han dejado clara su oposición a la creación de esta oficina por no considerarla ni necesaria ni eficaz. Y denunciaron que EH Bildu pretende crear una sombra de sospecha sobre toda la administración.

Desde el PSE, Ekain Rico destacó que en el debate se ha visto que hay «puntos de conexión» para ir añadiendo a la normativa autonómica elementos de mejora con la transposición de leyes europeas y estatales, como la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción recientemente aprobada en el Congreso.

Ion Andoni Atutxa, del PNV, criticó que la oficina propuesta, además de presentarse cuando a EH Bildu le interesa, tiene un carácter «represivo, que es lo más sencillo, mientras que el Gobierno apuesta por un modelo preventivo», que el jeltzale considera más difícil pero más eficaz.

«Falta de voluntad»

Josu Estarrona preguntó a Atutxa qué organismo con ese carácter preventivo de los que dice que existen está haciendo, por ejemplo, campañas de sensibilización pública contra la corrupción o elaborando mapas de riesgo como los que hay en otras comunidades.

En definitiva, en opinión de EH Bildu, todo lo que PNV y PSE están planteando son excusas. A su entender, ambos «han demostrado su falta de voluntad para acabar con algunas prácticas instaladas en un marco que normaliza el clientelismo, el amiguismo y los tratos de favor».