El caso de la salvadoreña Beatriz, a quien se le impidió interrumpir su embarazo a pesar de que su salud corría peligro y que el feto no tenía probabilidades de vida, ha puesto estos días en la palestra la prohibición del aborto en América con la llegada del asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). El fallo, previsto para finales de año, puede ser histórico y sentar un precedente en toda la región centroamericana y caribeña. Mujeres y organizaciones de defensa de los derechos humanos confían en que la sentencia despenalice la prohibición total del aborto, «al menos por causales».

Dos días de audiencias con 42 testigos que arrancaron el miércoles con el testimonio de la madre de Beatriz (nombre con el que se conoció públicamente), quien explicó que su hija «solo quería vivir y cuidar a su otro hijo» y que no comprende que «si había un tratamiento (de interrupción del embarazo) por qué la sometieron a esa tortura». «Lo único que quiero es que se restablezca la imagen de Beatriz y que esto no le vuelva a pasar a ninguna mujer», afirmó.

Informe médico

Según la demanda contra el Estado salvadoreño, Beatriz había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide y un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo y, luego, se diagnosticó que el feto era anencefálico, una malformación que no se iba a corregir y que era incompatible con la vida extrauterina. El informe médico determinó que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de muerte materna.

La defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a las 13 semanas para salvar la vida de la mujer y la Sala Constitucional dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró que «no ha lugar». El 3 de junio de 2013, a las 26 semanas, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció cinco horas después.

La joven murió en octubre de 2017 por las complicaciones de su estado de salud tras sufrir un accidente leve de moto.

Las organizaciones que representan a la familia de Beatriz en el caso han afirmado que esperan una sentencia de la Corte contra el Estado que garantice la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro y que sirva para sentar un precedente para otros países de América donde también está prohibido el aborto en todas sus formas.

El Salvador prohíbe formalmente el aborto desde 1998 bajo pena de prisión de hasta 8 años. Las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y son procesadas por homicidio agravado, cargo por el que pueden ser condenadas hasta a 50 años de prisión.

El jefe del Estado, Nayib Bukele, ha manifestado públicamente su posición en contra del aborto, aunque en campaña criticó a quienes no permitieron que Beatriz abortase.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló el martes que «no existe ni la más mínima posibilidad» de que se despenalice el aborto mientras el partido oficialista Nuevas Ideas tenga mayoría. «Defendemos la vida por sobre todas las cosas», escribió Castro en Twitter.

Unos seis meses

Se espera la sentencia en unos seis meses. La Corte IDH es el máximo organismo jurídico que salvaguarda el respeto a los derechos fundamentales en la región. Un posible fallo en contra del Estado salvadoreño significaría un reto mayúsculo para el Gobierno de Bukele y para los países de la región. Porque, al margen de las posibles medidas para la familia de Beatriz, su disposición será vinculante para El Salvador y fijará «estándares internacionales» a tener en cuenta para todos aquellos países que hayan suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las organizaciones feministas del país esperan que la CorteIDH condene al Estado salvadoreño y establezca un plazo para reformar la ley, o al menos permita retomar el debate sobre la despenalización del aborto.

La decisión sentaría un precedente regional y, según Amnistía Internacional, «puede ser un hito histórico», ya que aunque la Corte IDH ya ha emitido otras sentencias históricas en las que ha ido mostrando su inclinación hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nunca antes había examinado la prohibición total del aborto en América Latina.