«Mi opinión es autocrítica. Les teníamos que haber dado el informe en persona». Con estas palabras reconoció ayer el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, la ocultación a las familias de los cuatro muertos por balas policiales en la bahía de Pasaia del informe oficial que Lakua tenía en sus manos desde marzo de 2020.

La autocrítica expresada en la sesión de control fue muy matizable por tres razones. En primer lugar, no aportó ninguna explicación sobre por qué no se dio publicidad al informe. Dejó caer que pudo tener que ver con el confinamiento o el cambio de Gobierno.

En segundo lugar, Urkullu alegó que sí hubo una cierta difusión, aunque en círculos reducidos (grupos parlamentarios, ciertos medios...) y dentro de una compilación de informes que ocupaba varios tomos (este tiene 28 páginas).

Yendo al fondo de la cuestión, por último, trató de sostener que «ni se ocultó el informe ni se ha denegado ayuda» para esclarecer el caso. Para ello argumentó que el Ejecutivo encargó y publicó esta investigación extrajudicial. Y que, además, ha impulsado la ley de reconocimiento y reparación, «que, por cierto, su grupo no apoyó», espetó al autor de la interpelación, Julen Arzuaga, de EH Bildu.

Arzuaga le replicó que EH Bildu efectivamente no votó a favor, pero lo hizo porque «pedía más, y algunos técnicos también lo están pidiendo». Citó aquí al propio Jon Mirena Landa, director del informe sobre Pasaia y que acaba de publicar un libro, ‘’Víctimas invisibles’’, en el que remarca la discriminación que sigue existiendo sobre quienes han padecido la violencia estatal.

NO ESTÁ EN GOOGLE

El debate vino precedido el jueves de una reunión entre el departamento correspondiente de Lakua y una representación de las familias, en la que se les trasladó lo expuesto ayer por Urkullu en el pleno. Arzuaga consideró que los afectados, que se declaran muy dolidos por el trato recibido, las habrán tomado en consideración, pero añadió que «también la sociedad tiene derecho a conocer». Y la realidad, apuntó, es que tecleando en Google se pueden encontrar los informes de Lakua sobre la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur; José Miguel Etxeberria, Naparra; o los tres jóvenes gallegos desaparecidos en Lapurdi en 1973, pero no aparece el relativo a la masacre de Pasaia (1984).

En su interpelación, Arzuaga reprochó a Urkullu que mientras seguía vigente la versión oficial de Julen Elgorriaga y Enrique Rodríguez Galindo sobre un inexistente enfrentamiento («estaban bien muertos»), el Gobierno «tenía el informe en un cajón». Criticó la falta de «empatía». Y añadió que las madres y padres de Rafael Delas, José Mari Izura, Dioni Aizpuru y Pedro Mari Isart «se han ido yendo estos últimos años» sin tener ninguna admisión oficial de los hechos.

LAS FAMILIAS RECLAMAN «COMPROMISOS»

Tras la reunión del jueves, las familias hicieron público un mensaje en el que recuerdan, primero, los cuatro años transcurridos desde que se les prometió un informe oficial e incluso un reconocimiento en breve, lo que se ha convertido luego en tres años de ocultación y un proceso de admisión y reparación legal que aún sigue su curso sin visos de conclusión.

Las familias apuntaron que quieren creer que efectivamente se ha tratado de un error «sin mala fe» y que, en consecuencia, están dispuestos a colaborar con las instituciones en lo sucesivo, pero siempre que constaten que existen «compromisos».