Hasta 270 movilizaciones se contabilizaron, ayer, a lo largo y ancho del Hexágono, en la decimosegunda jornada de protestas ante la reforma que prevé retrasar en dos años la edad de jubilación y que el Gobierno francés adoptó, tras un debate exprés, amparándose en el artículo 49.3.

Aunque con una sensible bajada de participación en las protestas, los sindicatos marcaron así el compás de espera a la decisión que comunicará hoy el Consejo Constitucional francés. En Baiona, la intersindical contó 7.000 personas, que, en una mañana particularmente desapacible, completaron un recurrido, entre calles, desde la plaza de Sainte-Ursule, en el barrio de Saint-Esprit, hasta el Ayuntamiento. Los paraguas fueron los accesorios imprescindibles en dicha marcha, que, siguiendo la expresión de la nueva secretaria general de la CGT, Sophie Binet, promete «no ser la última». También el «primer espada» de la CFDT, Laurent Berger, dejó sentado que «la lucha sindical está lejos de terminar», diga lo que diga hoy el Consejo Constitucional.

Ambos líderes sindicales tomaron la palabra antes de que partiera el cortejo en París, al margen del cual se dieron algunas cargas policiales y una corta incursión de activistas en la sede del gigante del lujo LVMH, en Campos Elíseos.

BLINDADA LA SEDE

Si desde hoy mismo se anuncian nuevas acciones de los sindicatos en Euskal Herria, esta vez como contrapunto a una jornada decisiva en los despachos parisinos, en la capital francesa el ministro de Interior, Gérald Darmanin, optó por establecer un nuevo perímetro securitario, en esta ocasión alrededor del Palais Royale, donde sesiona el Alto Tribunal. El objetivo: evitar que la protesta se trasladara hasta la sede del órgano al que le tocará dirimir, de una parte, sobre las cuestiones planteadas desde el propio Gobierno, a la búsqueda del plácet que le permita promulgar con garantías la ley, y por otra, sobre los recursos de la oposición, en este caso para tratar de que «los sabios» censuren, en todo o en parte, el contenido de la impopular reforma. El Consejo deberá dirimir además la cuestión del referéndum.

El órgano en que se jubilan los altos responsables políticos

El Consejo Constitucional tiene la misión central de controlar que las leyes se ajusten a la Carta Magna. Presidido desde 2016 por el ex primer ministro socialista Laurent Fabius, se compone de nueve miembros, con un mandato único de nueve años. Tres de sus integrantes son nominados por el presidente, tres por el presidente del Senado y tres por el presidente de la Asamblea Nacional. Ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande acuden al Consejo pese a contar, como expresidentes, con sillón vitalicio. GARA