Casi una década después de su aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy y tras una aplicación que se ha traducido en centenares de miles de sanciones, entre otras cosas, la Ley Mordaza está cerca de su fin. El paso inicial lo da el acuerdo anunciado ayer por EH Bildu con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los partidos que lo conforman (PSOE y Sumar), por el que cuatro cuestiones nucleares de esta Ley de Seguridad Ciudadana quedan corregidas.

Ahora se tendrán que posicionar el resto de fuerzas del Congreso, y aunque la coalición de izquierdas avanzó que les ha trasladado lo acordado y que observa «predisposición para una tramitación satisfactoria», PNV, Junts y Podemos anunciaron enmiendas. Con todo, parece que esta vez la iniciativa podrá salir adelante.

SANCIONES, PELOTAS, DEVOLUCIONES

En rueda de prensa para detallar lo pactado, Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu anunciaron, en concreto, que han acordado resolver las sanciones por «faltas de respeto» y por «desobediencia» a la autoridad, el uso de las pelotas de goma y las devoluciones en frontera. Remarcaron que con ello «se acaba con todos los aspectos lesivos» de la polémica norma del Gobierno del PP, y que todo ello quedará recogido, además, en una nueva norma que sustituirá a la actual.

Su denominación sería Ley Orgánica de Libertades y Seguridad Ciudadana, introduciendo, por tanto, una primera definición bastante clarificadora.

Los dos electos de EH Bildu concretaron los compromisos alcanzados. Sobre la primera cuestión dijeron que «se acaba con la discrecionalidad que existe en las sanciones por falta de respeto a la autoridad y desobediencia». Se trata de los artículos que más sanciones generan (en Euskal Herria han sumado cientos de miles desde 2015). Explicaron que «a partir de ahora, estas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad y blindando el derecho a la libre expresión».

Junto a ello, las sanciones por «faltas de respeto» serán «canceladas en caso de que la persona sancionada se retracte», mientras que las faltas por «desobediencia» pasarán de tener carácter grave a leve.

Profundizando en ello, Iñarritu recordó que hay muchas personas que han sido sancionadas por llevar una camiseta o un pin, incluso «por una mirada o un tono de voz», puesto que ha bastado la palabra del policía de turno para multarle.

EH Bildu otorga gran valor al segundo elemento del acuerdo. «Se acaba con el uso de las pelotas de goma», enfatizaron, y señalaron que serán sustituidas, explicaron, por «medios menos lesivos». Iñarritu y Aizpurua incidieron en que se cumple con ello una de las reivindicaciones más demandadas por la ciudadanía vasca. El diputado soberanista recordó al respecto que 23 personas han fallecido en el Estado español por pelotazos policiales (mencionó expresamen- te a Iñigo Cabacas) y que cientos han quedado mutiladas. El Ejecutivo español se encargará de elaborar un calendario para su progresiva sustitución.

Junto a ello, se ha acordado con el Gobierno de Pedro Sánchez «que se aborde la problemática de las devoluciones en fronteras desde una perspectiva humanitaria y garantista con los derechos humanos y el derecho internacional». A tal efecto, se incluirá en la ley una disposición adicional que establecerá que en un plazo máximo de seis meses se modificará la Ley de Extranjería para establecer el «acceso y evaluación a las solicitudes de protección previamente al proceso de posible expulsión».

INTENTO FRUSTRADO Y EFECTOS

La reforma de la Ley Mordaza era una cuestión pendiente desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno español hace ya seis años. El intento más serio hasta la fecha fue en 2023, aunque finalmente EH Bildu y ERC consideraron insuficiente lo planteado, puesto que entre otras cosas no eliminaba las pelotas de goma ni se limitaba la autoridad de los agentes policiales. «No caeremos en el falso dilema del mal menor», resumió entonces Iñarritu desde la coalición vasca, mientras ERC consideraba que solo se proponía «un maquillaje».

Por contra, el acuerdo gestado por EH Bildu desbloquea las principales cuestiones que quedaban por solventar. La coalición valora que «cumplimos así con el compromiso de trabajar todo lo que hiciese falta para lograr recuperar los derechos y libertades que el PP recortó y cercenó». Otorga, además, al acuerdo un impacto mayor que el de la propia reforma: «Dijimos que apostaríamos por mantener abierta la ventana de oportunidad que la mayoría plurinacional ofrece en esta legislatura para lograr avances en derechos y libertades para la ciudadanía vasca y la mayoría social y trabajadora de este Estado y sus pueblos. Esta buena noticia es uno de los avances que esperamos que preceda a nuevos pasos y conquistas sociales compartidas. Trabajaremos sin descanso en este camino».

Aizpurua e Iñarritu dijeron que esperan que la nueva ley se presente «en las próximas horas» y que tenga como firmantes y partícipes al resto de grupos que forman la llamada mayoría de investidura.

«El texto ya está en sus manos y creemos que cuenta con la predisposición necesaria para una tramitación satisfactoria», avanzaron. Al respecto, apuntaron que «queremos reconocer y agradecer el trabajo de todos los grupos que han participado en este proceso: BNG, PNV, Junts, ERC, Podemos, Sumar y PSOE, por haber hecho posible llegar hasta aquí con todos estos nuevos avances. Este logro es colectivo».

POSICIONAMIENTOS

Aun así, algunos grupos anunciaron sendas enmiendas antes de dar su placet al acuerdo. Desde el PNV, por ejemplo, Aitor Esteban dijo que firmarán el texto que se registre, si bien presentarán enmiendas para «modular el principio de autoridad». Aunque declaró que «nos alegramos» del consenso alcanzado, el portavoz jeltzale opinó que el contenido del acuerdo necesita «un examen más detallado» de lo relacionado con la desobediencia manifiesta y la resistencia a la autoridad, ya que se propone «pasar de sanciones graves a leves» y el PNV, explicó, considera que «el principio de autoridad debe mantenerse por ser fundamental para el orden público».

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, mostró ciertos recelos porque opina que algunas cuestiones deben quedar expresadas de forma más tajante, como la erradicación de las pelotas de gomas y las devoluciones en caliente. Expresó su temor de que se quede en un «retoque estético».

Miriam Nogueras, de Junts, señaló que su partido siempre ha defendido la derogación de esta norma, pero avanzó que presentará enmiendas al texto pactado, ya que su grupo «negocia, no hace adhesiones».

Herramienta arbitraria de castigo

La Ley Mordaza ha condicionado la movilización política, social y sindical tanto en el Estado como en nuestro país desde su entrada en vigor en 2015. Ha sido utilizada para ahogar económicamente diferentes protestas y como elemento ilustrativo de lo que representa, el sindicato policial ultra Jupol no tardó ayer en poner el grito en el cielo por el acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno español.

Valoró que se «dinamita el principio de autoridad» y que se «pone en riesgo la seguridad de los policías», y añadió que con ello «son los herederos de ETA los que fijan las líneas de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad ciudadana y orden público».

En estos casi diez años en vigor, la Ertzaintza ha sido uno de los cuerpos policiales que ha hecho uso y abuso de la norma, y lo ha hecho pese a que el Parlamento de Gasteiz aprobó en 2016 una declaración firmada por PNV, EH Bildu y PSE en la que se exponía que «estando la mayoría política de este Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique».

Aquella posición mayoritaria quedó en agua de borrajas, y la Policía autonómica se ha afanado en la aplicación de esta norma ampliamente rechazada, no solo en las calles, también por organismos como Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información y Ecologistas en Acción, entre otros, e incluso por la Comisión Europea.

Las sanciones impuestas a 133 militantes Ernai, con una cuantía total de 290.500 euros, por participar en unas protestas contra la orden de ingreso en prisión de Aitor Zelaia y Galder Barbado han sido el último gran escándalo derivado de la norma de Rajoy y de la práctica del Departamento de Seguridad de Lakua.

Una práctica que se ha caracterizado además por su arbitrariedad, pues frente al abusivo rigor exhibido ante todo tipo de organismos sociales y sindicales, también contra periodistas, la inacción ha sido la norma cuando, por ejemplo, agentes de la Ertzaintza han causado «desórdenes en las vías públicas» -que es de lo que se acusa a los militantes de Ernai-, en sus protestas contra el Ejecutivo autonómico. GARA