El Pleno del Congreso avaló el pasado 18 de septiembre, por unanimidad, la modificación de la ley que en 2014 adaptó la legislación española a criterios de la UE sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales. El Senado tenía previsto hacer lo mismo ayer, aunque tras una información sesgada en “El Confidencial” el lunes, la AVT ha liderado una campaña de presiones basada en que con ello pueden acabar siendo excarcelados decenas de presos vascos.

El PP aprovechó su mayoría en la Cámara Alta para retirar la cuestión del orden del día, aunque deberá posicionarse al respecto antes del día 14 según admite la Presidencia del Senado. En este plazo de apenas unos días se intentaría forzar al Gobierno a que retire el trámite en marcha.

Lo que se reprocha ahora al PSOE es precisamente lo que hizo el PP en 2014, con la diferencia de que ahora sí se cumple el criterio europeo y entonces no. La reforma integral de la ley suprime la excepcionalidad introducida entonces -vía disposición adicional de última hora- contra estas personas, con el objetivo de suprimirles el descuento de periodos de cárcel cumplidos en otros Estados de la UE, estipulado por Europa.

Aquel ardid ha tenido un impacto muy directo, puesto que decenas de ellos han pasado varios años presos en el Estado francés antes de ser entregados y luego encarcelados en el español. Como ocurrió en su día con la «doctrina Parot», en realidad se derogará tarde porque muchos de sus efectos son irreversibles.

PP, Vox o UPN aprobaron esta reforma hace unas semanas en el Congreso, según afirman ahora sin haber reparado concretamente en su contenido. Pero de hecho la han votado ya cuatro veces en las dos Cámaras españolas sin haber puesto objeciones hasta las últimas horas previas a la aprobación definitiva. El ministro Félix Bolaños incidió en que el proceso hasta ahora ha sido «absolutamente pacífico». Ha sido tras las presiones y críticas desatadas por AVT y Dignidad y Justicia cuando el PP alega que no advirtió de sus consecuencias e intenta culpar al PSOE y sus socios. Por su parte, Vox añade que «fue un error» y pide «disculpas» a las víctimas de ETA.

Tanto el PSOE como el Gobierno español han respondido a esta presión. Desde el partido, Patxi López señaló que «no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo delito» (aunque así ha ocurrido hasta la fecha en el caso de muchos vascos) y recordó la anulación de la «doctrina Parot». Por su parte, la portavoz del Ejecutivo de Sánchez, Pilar Alegría, levantó la voz: «Ya vale, ya es suficiente. Han pasado trece años, trece años, desde que ETA desapareció. Lo verdaderamente indigno es que usen el terrorismo para tapar su vacío de proyecto y liderazgo».

DIECISÉIS AÑOS

La trampa legal para alargar artificialmente los encarcelamientos de presos vascos se produjo hace ahora justo diez años, con una artimaña de última hora forzada por la mayoría del PP en el Senado.

No obstante, en realidad hay que irse otros seis años atrás, hasta 2008, para explicarla en su totalidad; fue entonces cuando Europa introdujo la directriz de que los tiempos de prisión cumplidos en un Estado miembro de la Unión tenían que descontarse si luego esa persona era encarcelado en otro.

Este criterio tenía que ser trasladado por cada Estado a sus legislaciones internas. El Gobierno español (hasta 2011 en manos del PSOE y luego del PP) evitó hacerlo durante seis años. Y cuando finalmente afrontó esta tarea, lo vació de contenido para los presos vascos con una disposición adicional «ad hoc» que evitaba la excarcelación de decenas de personas que tenían derecho a ella.

Desde entonces, en esta década, varias de ellas -quizás decenas- han agotado ese plus de cárcel indebido. El caso más reciente es el de Joseba Arregi Erostarbe, que acaba de agotar condena 32 años después, pero debió quedar libre hace años si se le hubieran computado los que pasó encarcelado en el Estado francés.

Esta desobediencia al criterio europeo dio pie a varias iniciativas jurídicas y políticas, aunque todas infructuosas. De entrada, en 2015 la Unión Europea aseguró a través de la comisaria de Justicia, Vera Jourová, que analizaría la actitud del Estado español, pero luego eludió corregirla.

En paralelo, varios de estos presos recurrieron a Estrasburgo la negativa a descontarles estos tiempos de prisión, pero esta instancia evitó darles la razón en fallos que se sucedieron en 2018. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entró al fondo del asunto; es decir, a si la trasposición de la normativa europea a la legislación española había sido correcta o no. Los abogados de los presos vascos no ocultaron su «sorpresa» y «malestar» por esta inhibición.

A partir de ahí, ya en el año 2018, se exploró la opción de una modificación legal que revirtiera la trampa de 2014. El PNV llevó una proposición al Congreso español, pero el PP y Ciudadanos votaron en contra y el PSOE se abstuvo, por lo que no prosperó.

En los últimos años, la necesidad de implantar el criterio europeo y acabar con esta anomalía había dado pie a sucesivas filtraciones sobre reformas legales que no terminaron de materializarse. Mientras tanto, los informes de los juristas de Behatokia y de Sare incidían en que esta 7/2014 supone la mayor muestra de excepcionalidad vigente contra los presos vascos junto a la ley 7/2003 del Gobierno de José María Aznar.

Aunque PP y Vox intenten situar ahora esta corrección como una muestra de impunidad, los presos que pueden ser excarcelados en los próximos meses han pasado más de dos décadas en la cárcel. Por dar un ejemplo significativo, los focos se están dirigiendo sobre todo a Xabier García Gaztelu, que lleva preso 23 años y medio, desde febrero de 2001.

LA AN ALERTÓ A LUXEMBURGO

En este contexto ha salido a la luz un dato muy revelador: la Audiencia Nacional tenía muy serias dudas sobre la legalidad de su práctica habitual, de modo que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está pendiente de respuesta.

Según explica Europa Press, fue la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del tribunal de excepciónl -entonces presidida por el magistrado José Antonio Mora- la que se dirigió en diciembre de 2023 al TJUE a raíz de uno de los juicios contra Marixol Iparragirre.

La Sección Segunda de la Sala Penal alertó al TJUE de que «en el estado actual que mantiene la legislación española, que impide dar cualquier reconocimiento a las sentencias de condena extranjeras, el doble enjuiciamiento en Francia y en España traería como consecuencia» que Iparragirre tuviera que enfrentar «un mínimo de cumplimento de 50 años de prisión efectiva real», lo que calificó de «grave desproporción punitiva».