La mayoría de investidura dio luz verde ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados al inicio de la tramitación la proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana, que persigue acabar con los aspectos más lesivos de la Ley Mordaza. Podemos y Junts, que anticiparon enmiendas para profundizar en la reforma en la tramitación posterior, votaron a favor, sumándose a PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG, impulsores de esta importante modificación legislativa. El resultado de esta toma en consideración fue de 176 síes frente a 170 noes.

Este proyecto, que se ha convertido en un nuevo ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, fue admitido con ello a trámite, tal y como habían anunciado los diferentes grupos parlamentarios que explicaron su posición en la sesión plenaria. Se aprueba, además, el procedimiento de urgencia, que reduce a la mitad todos los plazos, para que la ley se apruebe a final de año o al inicio de 2025, cuando se cumple una década de la aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

No hubo sorpresa, ya que horas antes del pleno la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y su homólogo en el PSOE, Patxi López, adelantaron a los medios de comunicación que disponían de los apoyos necesarios para arrancar con la tramitación parlamentaria.

La mayoría de investidura tiene enfrente a PP, Vox y UPN, que se manifestaron por la mañana ante la Cámara Baja junto a sindicatos de policías y guardias civiles contra la reforma, afirmando que supondrá la pérdida del principio de autoridad para los agentes. En esa protesta estuvo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que compartió espacio junto a Javier Ortega Smith, de Vox, y la exdiputada ultraderechista Macarena Olona.

Por la tarde, los representantes de Jucil y Jupol acudieron a la tribuna de invitados para seguir la sesión, excepto los minutos en que intervino el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Tras la pose, por la tarde, Núñez Feijóo no se sentó en su escaño durante el debate.

Las movilizaciones de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales estuvieron muy presentes en las primeras palabras del diputado del PSOE David Serrada, que saludó la presencia de sus portavoces y les aseguró que la nueva ley protege tanto a los agentes como a la ciudadanía frente al recorte de derechos que propició en 2015 la mayoría absoluta del PP.

Serrada aseveró que se encontraban ante uno de los debates «más relevantes» de la legislatura, que sostuvo que busca profundizar en un modelo de seguridad en el que prime la defensa de derechos y libertades. En el polo opuesto, a juicio del diputado del PSOE, se encontraba la Ley Mordaza, orientada a un mayor control de la crítica social.

«URGENCIA DEMOCRÁTICA»

Enrique Santiago, de Sumar, consideró que esta norma es una «urgencia democrática», que busca derogar todos los «contenidos liberticidas» de la Ley Mordaza. El diputado reclamó «tranquilidad» a los sindicatos policiales, a quienes pidió que no se dejen «manipular» por el PP, subrayando el respaldo alcanzado en torno a esta proposición de ley.

Santiago abogó por que se tramite con celeridad, al estimar que es la «última oportunidad» para dar un giro desde un punto de vista progresista. Tras enumerar aspectos de la propuesta legislativa, incidió en que se recogen «reivindicaciones históricas» de asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional remitió una comunicación a los grupos parlamentarios para que respaldasen la toma en consideración, aunque reconoce que hay que ir más allá.

Desde EH Bildu, Jon Iñarritu defendió el acuerdo alcanzado con el PSOE, centrando su primer turno de palabra en los puntos que han propiciado acercar posturas, como son acabar con la discrecionalidad en sanciones tanto por falta de respeto a la autoridad como por desobediencia, poner fin al uso de pelotas de goma y erradicar las devoluciones en caliente en la frontera.

Citó, como ejemplo, que se pondrá fin «a la arbitrariedad que permite a la Policía sancionar por un tono de voz, una mirada o una camiseta». «La nueva ley -añadió- dotará de mayor objetividad», abogando al igual que otros ponentes por tramitarla con celeridad. «Sería positivo aprobarla antes de que la Ley Mordaza cumpla 10 años», agregó.

Iñarritu recordó que la reforma va en sintonía con las reivindicaciones de organizaciones sociales, pero también de la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa y relatores de Naciones Unidas.

El independentista vasco destacó que esta iniciativa supone una «nueva oportunidad» para «acabar con una ley que no ha sido más que un instrumento de represión ciudadana, recorte de libertades y derechos». «El PP buscó callar a la ciudadanía con sanciones y multas», denunció.

El jeltzale Mikel Legarda criticó el acuerdo bilateral entre PSOE y EH Bildu, en lugar de haber abordado una negociación más amplia, en el marco de las negociaciones discretas que se han venido manteniendo «para limar diferencias». Por ello, avisó de «que no dan por cerrados acuerdos en los que no hayan participado previamente».

Legarda adelantó que se reservan «el derecho a la reconsideración, en su caso, de alguna cuestión fruto del equili- brio de cesiones mutuas que quizá ahora pudiera haber quedado algo descompensada», en referencia, por ejemplo, al empeño del PNV por preservar el principio de autoridad en manos de los policías.

Desde las filas de ERC, Francesc Marc Álvaro admitió que la proposición de ley podría ser menos ambigua si fijara una fecha concreta para la prohibición de las pelotas de goma o eliminara explícitamente las devoluciones en caliente. «Pero la política es ponerse de acuerdo», asumió antes de congratularse de que la Ley de Seguridad Ciudadana pueda dejar de ser la «ley bozal», una norma que, incidió, «nos acercaba más a Turquía que a Suecia».

Néstor Rego, del BNG, expuso desde el Grupo Mixto que realizarán aportaciones a la ley para que sea «plenamente respetuosa con los derechos democráticos», algo que decantará el sentido de su voto. Lamentó, a la vista del contenido de la redacción de la propuesta de ley, que no se vayan a evitar excesos policiales.

FALTA FIRMEZA

Josep Pagès, de Junts, advirtió de que en su formación no están dispuestos a aceptar «el chantaje de la adhesión total o nada», apuntando a que presentarán distintas enmiendas, como la que fije la desaparición total del uso de las pelotas de goma, ya que entienden que falta firmeza en ese sentido en el texto legislativo, y lamentó que la reforma se limite a «pulir» los aspectos más lesivos de la legislación actual, pero «sin enfadar» a los sindicatos policiales.

Antes, en un tono crítico, Martina Velarde, de Podemos, consideró «insuficiente» el contenido de la proposición, calificándola de «reforma parcial». Así, citó el caso de las devoluciones en caliente, cuya desaparición -entiende- pende de una posterior reforma de la Ley de Extranjería, para la que se fija un plazo de seis meses. Les genera dudas.

Para la formación morada, la derogación de la Ley Mordaza está en el punto de marzo de 2023, cuando EH Bildu y ERC no la apoyaron finalmente por insuficiente, avanzando que presentarán enmiendas para profundizar. «Llegamos muy tarde», alertó Velarde, recordando las «cientos de miles» de personas afectadas.

En un tono bronco, Miguel Tellado, del PP, denominó la iniciativa como «la ley Otegi de inseguridad ciudadana» y aseguró que EH Bildu se ha cobrado su «precio más apetitoso al rebajar la protección a un colectivo que siempre ha tenido en el punto de mira». «Que esa calaña esté detrás de esta ley debería avergonzar al PSOE», enfatizó.

Para Ignacio Hoces, de Vox, esta modificación legislativa «desmantela el orden público» y es «un nuevo capítulo» de la traición» del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las que «sacrifica».

En esa línea, Alberto Catalán, de UPN, dijo que «serán los herederos políticos de ETA, los que organizaban la kale borroka, los que van a decidir cómo se van a disolver las manifestaciones».