El anuncio de una nueva ley de renta realizado por la consejera Carmen Maeztu coincide en el tiempo con la publicación de un informe de la Cámara de Comptos que advertía de «debilidades en la gestión y control» de la Renta Garantizada (RG), con recomendaciones que la consejera da por válidas. Los inspectores de la Cámara apuntaron como problemático el solapamiento de la renta básica y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que tienen enfoques muy diferentes en tanto que el IMV es una ayuda automática y la renta exige una integración laboral con compromisos para el perceptor y la Administración.

«Plantear una modificación no es reconocer que no funcionan las cosas, sino querer avanzar y mejorar», facilitar a los profesionales mayor espacio, mejorar las herramientas para la empleabilidad, o acompasar mejor la prestación de la RG con el IMV, remarcó Maeztu como claves de la propuesta que en las próximas semanas presentará a los grupos.

La interpelante, Olga Chueca (PSN), defendió la RG y su recorrido, de forma que en Nafarroa en 2023 más personas con nacionalidad española que extranjeras percibieron la renta, un total de 16.384 familias, casi 2.000 menos que en 2021, datos que «demuestran que el sistema funciona, aunque no estamos satisfechas».

No compartió su percepción de Raquel Garbayo (UPN), para quien el informe de Comptos es «demoledor». La renta «no consigue el objetivo para el que nació, no consigue la inclusión laboral y social», por lo que instó a corregirlo sin que implique «dedicar cada día más recursos sin control».

ADAPTAR SÍ, PERO RECORTAR EN NINGÚN CASO

Javier Arza (EH Bildu) fue muy crítico con el concepto de «las derechas azuzando el discurso aporófobo de la paguita indiscriminada y sin control», pero también advirtió de que en una reforma su coalición no apoyará «ningún cambio que suponga recortar» derechos sociales.

La misma advertencia realizó Isabel Aranburu (Geroa Bai), quien se remitió al acuerdo programático para la conformación del Gobierno para considerar «imprescindible el buen control del dinero público». Avisó que no apoyarán que se endurezcan requisitos o reduzcan prestaciones, sino solo lo que «signifique aumentar la capacidad de protección y de hacer más efectivo el acceso a los derechos».

Por parte del PPN, Maribel García Malo alertó en sus declaraciones de un futuro «lío» en el seno de Gobierno con la reforma, que por su parte solo apoyarán la tesis de que «no hay mejor política social que un empleo decente».