El sindicato Steilas y la asociación de padres y madres de la escuela pública Ehige pidieron ayer al Gobierno de Lakua que acate la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula el decreto de planificación de centros educativos que, entre otras cuestiones, determina el número de alumnos por aula y el reparto de alumnados entre los diferentes centros, ya sean públicos o privados.

Ambas organizaciones valoraron positivamente el fallo judicial y, ante las intenciones de Lakua de recurrir, aseguraron que piensan solicitar la ejecución provisional de la sentencia. Así, pidieron al Ejecutivo «que asuma y acate la sentencia, no prorrogue su ejecución con recursos estériles y elabore un nuevo decreto de planificación que priorice la Escuela Pública Vasca».

Además, recordaron que tanto la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda, así como la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, «ya alertaron sobre la falta de justificación de la propuesta».

Steilas y Ehige señalaron que el TSJPV ha anulado el decreto de Educación por una cuestión de procedimiento sin llegar a entrar en el contenido, que dichas organizaciones también cuestionaban en su demanda.

«DECRETO A MEDIDA DE LA PATRONAL»

Aseguran que «la garantía de plazas públicas, que es de obligatorio cumplimiento según el articulo 109 de la LOE, queda totalmente diluida. Donde la normativa básica dice que ‘se garantizarán suficientes plazas públicas’, el decreto habla de ‘plazas sostenidas con fondos públicos’, que no es lo mismo».

Por otro lado, señalan que el decreto «pretendía equiparar» los centros de titularidad pública con los centros de titularidad privada a través del Servicio Vasco de Educación. «La demanda presentada incide en la ilegalidad de un órgano de estas características porque no tiene encaje legal alguno. La ley es clara: los centros privados prestan el servicio de la educación a través de los conciertos educativos y no hay más. La equiparación de centros públicos y centros privados no es posible, entre otras cosas, porque la Administración pública no tiene competencia para dirigir o intervenir en empresas que se rigen por el derecho privado», explicaron al respecto.

Por último, Steilas y Ehige critican que el decreto «anuló» la participación de la comunidad educativa al suprimirse las comisiones territoriales de seguimiento del mapa escolar.

«En definitiva, este decreto, que tuvo ocho borradores antes de que fuese publicado, estaba hecho a medida de la patronal, como la equiparación de la escuela pública y la privada a través del Servicio Público Vasco de Educación o el descenso del número mínimo para la creación de grupos. Y todo ello con una sobreoferta brutal de la concertada», denunciaron ayer.