La huella dejada por el atentado contra el bar Aldana sigue muy presente en Alonsotegi, como lo demuestra la ofrenda floral que tuvo lugar ayer por la tarde en el lugar donde estaba el establecimiento frecuentado por personas de ideología abertzale en el que estalló una potente bomba en la madrugada del 20 de enero de 1980.

Familiares de las cuatro víctimas mortales, cargos públicos de EH Bildu y PNV, así como vecinas y vecinos, tomaron parte en el acto convocado por el Ayuntamiento en el 45 aniversario del ataque reivindicado por los Grupos Armados Españoles (GAE).

En Alonsotegi estuvo el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, acompañado por su homólogo del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, y el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban; los alcaldes de Gueñes, Gordexola y Lanestosa; y el portavoz de EH Bildu en las JJGG de Bizkaia, Iker Casanova, con otros apoderados soberanistas de izquierda.

Un año más, el recuerdo a las cuatro personas que perdieron la vida y el rechazo a la impunidad que sigue rodeando a este caso de guerra sucia estuvieron muy presentes. Las muertes de Manuel Santacoloma Velasco, de 57 años; Liborio Arana López, de 54; y el matrimonio compuesto por Mari Paz Ariño y Pacífico Fika Zubiaga, de 38 y 39 años, respectivamente, dejó un profundo dolor en la localidad, acrecentado por la falta de voluntad del Estado español por esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la Justicia.

El propio Consistorio volvió a recordar que la investigación recayó en el comisario José Amedo, «una figura vinculada luego al Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL)». «Durante los últimos 45 años, se ha confirmado que las investigaciones realizadas fueron inexistentes o deliberadamente negligentes, consolidando un clima de impunidad que ha persistido bajo diferentes Gobiernos», lamentaron.

«AVANZAR HACIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA»

Con motivo de esta triste efeméride, EH Bildu y PNV acordaron una declaración institucional, que será ratificada el jueves en pleno, en la que se recoge una serie de compromisos con el objetivo de «honrar la memoria de las víctimas y avanzar hacia la verdad y la justicia».

Así, se aboga por «mantener vivas en el recuerdo» a todas las víctimas del atentado mediante diversas iniciativas, e impulsar y apoyar las vías que ayuden a esclarecer los hechos, «denunciando la impunidad y el olvido en la medida de las competencias» de la Corporación.

Otro eje es el de reivindicar como bases para la convivencia «el rechazo a todo tipo de violencia, el reconocimiento del daño causado, la reparación a las víctimas (evitando su categorización) y la garantía de que la violencia no vuelva a repetirse».

Además, se insta al Gobierno español a asumir su responsabilidad, rechazando los hechos y pidiendo que reconozca el daño. Nuevamente, insistieron en la urgencia de modificar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, «con el objetivo de que se esclarezca lo acaecido y se depuren responsabilidades».