El segundo punto del orden del día del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Donostia era la toma de posesión del cargo de concejala por parte de Sandra Barrenetxea (EH Bildu), en lugar de Olaia Duarte, que hasta ahora compaginaba su labor municipal con la de senadora en Madrid y que a partir de ahora se centrará en la Cámara Alta.

En ese momento, el edil del PP Jorge Mota anunció que tanto él como su compañera Vanesa Vélez se iban a ausentar de la sesión al considerar este nombramiento «una provocación y un insulto a las víctimas del terrorismo y a las personas que defendemos la libertad y la democracia».

Dicho esto, ambos se levantaron y se marcharon, mientras que el portavoz del PP, Borja Corominas, seguía en su asiento. El acto de posesión continuó sin mayor dilación, constatando que Barrenetxea no tenía ningún impedimento legal para ejercer como electa. Así, se sentó en su escaño y juró cumplir con las obligaciones de su nuevo cargo.

El motivo por el que Corominas no se había marchado quedó rápidamente en evidencia, cuando solicitó pronunciar unas palabras ante este nuevo nombramiento, alegando que es algo que se hace «normalmente».

El alcalde, Eneko Goia, replicó que eso «no es así y, además, le recuerdo que hemos celebrado una Junta de Portavoces en la que nadie indicó que en este punto se iba a tomar la palabra. Las reglas del juego son que los debates de este pleno se organizan en la Junta de Portavoces previa».

Corominas trató de insistir, pero para entonces Goia ya le había cerrado el micrófono y había zanjado la cuestión: «No tiene la palabra, pasamos al siguiente punto». Unos segundos después, Mota y Vélez regresaban a sus asientos. Todo duró menos de cinco minutos.

DETENIDA EN 2010

Sandra Barrenetxea fue detenida por la Guardia Civil en 2010 en Bilbo, de donde es natural, acusada de pertenencia a Ekin, una de las organizaciones que entonces fueron perseguidas bajo el paraguas del «todo es ETA». Tras permanecer varios días incomunicada, denunció haber sido víctima de torturas, con vejaciones sexuales y prácticas como «la bolsa». «Me dieron una pieza metálica y decían que me la iban a meter por la vagina y el ano», relató.

El caso llegó a juicio en 2017 y en la vista, celebrada en la Audiencia de Bizkaia, Barrenetxea identificó a tres de los cuatro agentes encausados. La acusación particular pedía 9 años de cárcel, mientras que la Fiscalía y la defensa reclamaban la absolución, que fue lo que decretó el tribunal.

Un año antes, Barrenetxea había sido condenada a 21 meses de cárcel como «integrante de Ekin», por lo que no llegó a entrar en prisión.