La presa de Irun Iratxe Sorzabal volvió a tener que sentarse ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional, ahora con una petición fiscal de 12 años de cárcel en base a un atentado en su localidad, sin víctimas, que tuvo lugar en 1995 contra la Aduana española. Y la tortura en manos de la Guardia Civil en 2001 fue de nuevo el elemento central de la cuestión, aunque no aparezca en el informe fiscal.

Sorzabal explicó a su abogado, cuando este le preguntó si acaso no sabía que tenía derecho a no declarar, que «yo ahí no tenía derechos, eso me lo dejaron muy claro. Desde el registro hasta Madrid la Guardia Civil me lo dejó muy claro, con el primer golpe. ‘Aquí se han acabado los jueces y los derechos, hija de puta’. Allí yo no tenía más derecho que sobrevivir», dijo, aún muy afectada por el recuerdo del periodo de incomunicación aunque hayan pasado más de dos décadas desde entonces.

«Los guardias civiles eran todos hombres. Yo para ellos no era ni persona ni militante, yo para ellos era una ‘puta zorra’ y ya está. Mientras me ponían la capucha y los electrodos en el coche, además entre todos me sobaban. Y en Madrid me desnudaron toda», explicó entre sollozos.

El fiscal no le preguntó directamente por la tortura, pero sí por la «kantada» a partir de la cual los informes policiales concluyen que participó en ese atentado de Irun.

Sorzabal apuntó que en todo el tiempo entre la detención y el manuscrito «yo seguía reviviendo todo lo que había hecho. En esos cinco meses mi familia fue a visitarme a la cárcel y no soy capaz de acordarme. Estaba totalmente metida en esos cinco días [de incomunicación], en esa vorágine, no hacía más que repetirlos y repetirlos. Estaba en una burbuja en la que revivía todo lo que habíamos pasado».

En sus conclusiones, su letrado sostuvo que ese manuscrito «no es un relato de lo realizado, sino un relato de lo declarado» ante los agentes de la Guardia Civil.

En calidad de perito, el forense Benito Morentín (Instituto Vasco de Medicina Legal) detalló los elementos en que ha basado su informe, desde los aportados por el Hospital San Carlos de Madrid a los derivados de Osakidetza, así como una entrevista personal en prisión utilizando el Protocolo de Estambul.

ELECTRODOS, CERTEZA SUPERIOR

Morentín detalló que en el Hospital San Carlos, donde Sorzabal fue atendida durante la detención incomunicada, le diagnosticaron cefalea, patología cervical traumática y lesiones en la piel por las que se le realizó una biopsia. Los resultados eran compatibles con su denuncia de que se le aplicaron electrodos: «Más que compatibles aún, esas marcas son características, es un nivel de certeza de rango superior», certificó.

El abogado de la defensa, Aiert Larrarte, indicó que «llevo muchos años en la Audiencia Nacional y sé lo difícil que es tener señales físicas de torturas. Aquí las hay. Son claramente marcas de electrodos».

En el primer juicio que sufrió en la Audiencia Nacional, a principios del año 2022, Iratxe Sorzabal ya relató los tormentos aplicados a fin de forzar una autoinculpación, pero esto no fue tenido en cuenta en la sentencia afirmando que «no ha quedado plenamente acreditada tortura». Tras ello se le impuso una condena de 24 años de cárcel por un atentado de ETA en Gijón, cometido en 1996.

Tras esta segunda vista oral, que concluye hoy con la declaración de la propia Iratxe Sorzabal, hay previsto otro juicio contra esta presa vasca en marzo.

En Irun se llevó a cabo el sábado pasado una concentración para denunciar estos nuevos juicios y exigir la vuelta a casa de su vecina.