Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que las fuerzas de seguridad abusan de forma generalizada de dispositivos de descarga eléctrica como las pistolas táser «debido a la alarmante falta de regulación» y advierte de que en el Estado español cada vez más cuerpos policiales están adquiriendo este tipo de armas.

En un informe difundido ayer a los medios, este organismo pide a las autoridades que avancen en la creación de una legislación estatal que contenga garantías y salvaguardas en la introducción y utilización de este tipo de armas. Y estima «esencial garantizar una formación adecuada para los agentes, establecer protocolos claros y asegurar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para prevenir posibles abusos».

En todo caso, cree que se deberían prohibir las armas de descarga eléctrica de contacto directo y someter a estrictos controles comerciales basados en derechos humanos las de proyectiles paralizantes.

DIEZ AÑOS DE INVESTIGACIÓN

El estudio se basa en la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional entre 2014 y 2024 en más de cuarenta países en los que ha detectado casos de tortura y otros malos tratos con dispositivos de descarga eléctrica. Concreta al respecto que «las armas de electrochoque en España siguen la tendencia global, con un uso extendido y sin regulación estatal». «La incorporación de estas armas en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición debido a los riesgos que conlleva de causar lesiones graves o incluso la muerte y la posibilidad de abusos en su utilización», añade.

Amnistía Internacional tiene conocimiento de que actualmente, en el Estado, la Policía española, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y agentes de Policía Local de al menos 62 municipios de trece comunidades autónomas hacen uso de dispositivos de descarga eléctrica.

«Los criterios para adquirir este armamento responden por lo general a justificaciones vagas y genéricas como por ejemplo la necesidad de actualizar el equipamiento con las últimas innovaciones tecnológicas disponibles, colmar un supuesto vacío entre la defensa policial y el arma de fuego o hacer frente a personas con problemas de salud mental o drogodependientes», agrega.

Indica que «los protocolos de uso permiten la utilización de la táser en circunstancias y supuestos que van más allá de lo que permiten los estándares internacionales, que restringen su uso a situaciones de amenaza inminente para la vida y de lesiones graves».

Pone como ejemplo que «los protocolos de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra permiten el uso de la táser para evitar riesgos para la seguridad ciudadana o no lo prohíben en manifestaciones ni en casos de grupos vulnerables como personas con cuadros de crisis mental».

«Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos», lamenta este organismo, que pide un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio «descontrolado» del material usado para hacer cumplir la ley.

El informe de Amnistía Internacional documenta que «se utilizan de forma abusiva armas de descarga eléctrica por contacto directo, como las pistolas paralizantes y las porras eléctricas, en la calle, en las fronteras, en centros de detención de migrantes y refugiados, en instituciones de salud mental, en comisarías de Policía, en prisiones y en otros lugares de detención».