La plataforma Stop Desahucios Euskadi alerta sobre los datos recogidos en la última encuesta del Observatorio Vasco de Vivienda que, entre otras cuestiones, constatan el importante incremento de solicitantes de alquiler social que se ha producido en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Concretamente, desde el 1 de enero de 2023 hasta junio de 2024 (18 meses) se ha incrementado en más de 26.000 el número de nuevos solicitantes de alquiler social. «Este dato sugiere un brutal incremento de gente que o bien no puede acceder al mercado de vivienda por otro medio, o bien pasa serias dificultades para mantener la vivienda de mercado libre que tiene alquilada», señala la plataforma.

El informe pone de manifiesto ambas situaciones. El 15% no está emancipado y un 80% ya vive de alquiler, lo cual, para Stop Desahucios, «exige una respuesta diferente por parte de las instituciones».

Según los datos, a casi el 40% de estos nuevos solicitantes que ya viven de alquiler les han incrementado la renta en los últimos dos años. Su ingreso medio es de 1.311,5 euros mensuales y deben destinar más del 45% de sus ingresos de media solo para pagar la renta. Y aunque casi la mitad de estas personas recibe ayudas públicas para pagar esas rentas, Stop Desahucios asegura que estas prestaciones «no impiden este sobreesfuerzo sobre los ingresos».

Así, el Observatorio constata que el 33% de estos nuevos inscritos ya se ha visto obligado en los dos últimos años a cambiar de vivienda por no poder pagarla y el 36% de ellos se ha tenido que mudar a otro municipio. Además, Stop Desahucios alerta de que «cerca de la mitad de estos nuevos inscritos está en serio riesgo de ser desahuciado en los próximos 12 meses por no poder pagar las rentas que están pagando actualmente».

«Todos estos datos nos ofrecen una fotografía bastante clara de la realidad que se está produciendo en Euskadi con una política de vivienda que no lucha lo suficiente contra la especulación, más bien la ha amparado», indica la plataforma denunciando que el Ejecutivo «parece más dispuesto en seguir la agenda electoral del PNV, centrada en ofrecer más vivienda a los que pueden pagar una».

Según los datos expuestos por Stop Desahucios, el 85% de los préstamos concedidos el año pasado eran para financiar viviendas para inversión o para segundas residencias. Es decir, solo el 15% de los préstamos se destina a viviendas para residir habitualmente.

Por ello, urge a las instituciones a tomar diferentes medidas como «taponar la salida de viviendas hacia fines que no son residir habitualmente en las mismas, extender las declaraciones de zonas tensionadas, limitar los alquileres, movilizar vivienda estableciendo un canon a las deshabitadas, incentivar el alquiler, invertir más en rehabilitación y destinar el presupuesto necesario a construir más VPO de alquiler social».