El preso iruindarra Josu Narbaez tuvo que regresar el jueves pasado a prisión tras recibir la orden del juez de vigi- lancia de una nueva regresión de grado. El 4 de abril, Lakua concedió la progresión a tercer grado del preso navarro, tras haber sido propuesto para ello por la junta de tratamiento de la prisión de Martutene. Sin embargo, el jueves la Fiscalía de la Audiencia Nacional española recurrió la progresión.

«En marzo conocimos la regresión de grado de Xabi Zabalo, la cual nos recordó una actitud de la Fiscalía que no se empleaba desde tiempo atrás. En esta ocasión, la víctima de esta medida cruel y sin sentido ha sido Josu. Si atendemos a que Josu ya había salido previamente a la calle con permisos y salidas programadas, el recurso presentado por la Fiscalía es aún más absurdo», señaló ayer Sare.

Narbaez está cumpliendo una condena de 30 años y en este momento ya ha completado más de la mitad. «Josu ya ha dado los pasos que la normativa penitenciaria establece, por lo tanto, la progresión a un tercer grado es absolutamente coherente en su camino de vuelta a casa», argumentó la red por los derechos humanos.

Para la red ciudadana, «que los y las presas vascas den todos los pasos para recorrer el camino a casa, es aplicar la legislación ordinaria; que los y las presas vascas den todos los pasos para recorrer el camino a casa, es avanzar en clave de la resolución del conflicto».

En ese sentido, remarcó que «Josu ha mostrado su claro compromiso de avanzar en ese camino y consecuencia del mismo es la propuesta realizada por la junta de Martutene». Además, recordó que Lakua «había dado su aprobación al mismo y ha sido la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien lo ha recurrido».

UN MODELO RESOCIALIZADOR

«Los y las presas, y en este caso Josu, tienen derecho a diferentes modos de cumplimiento, entre ellos, el tercer grado. La ley no contempla en ningún caso que el preso deba cumplir toda la pena en régimen cerrado. Y es más, si es cierto que el sistema penitenciario español cree en un modelo resocializador, debería ofrecer recursos para cumplir los últimos años en régimen abierto. Y esos recursos son, precisamente, los que la fiscalía le ha negado a Josu», expuso Sare en este sentido.

Por todo ello, llamó a la sociedad a participar en las movilizaciones que se plantean para los próximos días.

«Las decisiones excepcionales crean situaciones de excepción y la Audiencia Nacional ha situado a Josu y a su entorno en un procedimiento que genera mucho dolor», lamentó la red popular por los derechos humanos.