La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, comenzó ayer a escuchar los argumentos de casi 40 países sobre las obligaciones de Israel con relación a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, otras organizaciones y Estados en el territorio palestino ocupado, incluida la Unrwa, antes de emitir su opinión consultiva a petición de la ONU.

Israel reaccionó a estas audiencias afirmando que la Corte se arriesga a «perder su legitimidad» y reiteró su acusación de que la Unrwa está «infiltrada» por Hamas.

«Son la ONU y la Unrwa las que deberían estar siendo juzgadas», declaró el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en una rueda de prensa ayer en Jerusalén.

Si bien no participa en las audiencias, sí ha enviado a la CIJ declaraciones escritas. En ellas sostiene que cooperar con organismos como la Unrwa sería «aceptar o facilitar un grave riesgo para sus ciudadanos y su territorio».

«Ningún Estado está obligado a aceptar o facilitar un grave riesgo para sus ciudadanos y su territorio. Al contrario, el derecho internacional establece el derecho y la obligación de un Estado de actuar para defender su existencia, su territorio y su pueblo. Israel está plenamente comprometido a cumplir con el derecho internacional; pero ese derecho no es un pacto suicida», afirma.

«Asesinaron y secuestraron a ciudadanos israelíes, se llevaron cadáveres y saquearon propiedades. Las instalaciones de Unrwa han sido usadas como centros de mando y control militar de Hamás, escondites y depósitos de armas; también han servido para el extenso sistema subterráneo de túneles terroristas», reitera en su escrito a la CIJ. Considera que estas audiencias son «parte de una campaña abusiva y sistemática que utiliza el derecho internacional y las instituciones internacionales como armas para privar a Israel de los derechos fundamentales que se otorgan a todos los Estados, incluyendo el derecho a defenderse».

AMBULANCIAS SIN COMBUSTIBLE

Defensa Civil palestina informó de que las ambulancias en el sur de la Franja se han quedado sin fuel debido al bloqueo israelí. De los doce vehículos disponibles, ocho están fuera de servicio, lo que limita actuaciones de emergencia y asistencia, «poniendo en peligro la vida de cientos de miles de ciudadanos y desplazados. Responsabilizamos a la ocupación israelí del empeoramiento del sufrimiento de los gazatíes y llamamos la ONU y a las organizaciones internacionales para que tomen medidas para la reapertura de los pasos».