El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de Lakua, Juan Ignacio Pérez Iglesias, explicó ayer por la mañana a su llegada al Parlamento de Gasteiz que el Ejecutivo autonómico iba a manifestar por la tarde en la Conferencia General de Política Universitaria su rechazo al proyecto de decreto que endurece los criterios para crear centros universitarios.

Al poco, también al llegar a la Cámara, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha anunciado que su partido no comparte el rechazo al nuevo decreto de universidades del Ejecutivo español y que esta es una decisión «unilateral» de dicho departamento o, en su caso, del PNV, y aseguró que pedirán «explicaciones» por esta forma de actuar.

Después, el rector de la UPV-EHU, Joxerramon Bengoetxea, mostró su «sintonía con el Gobierno Vasco en sus alegaciones» al considerar que incurre en «una invasión competencial importante».

Fuentes de EH Bildu denunciaron también la invasión competencial que supone la modificación del decreto impulsado por Madrid. Anunciaron que «compartimos en este sentido las declaraciones realizadas por el Gobierno Vasco y por el rector de la UPV-EHU, Joxerramon Bengoetxea, y reiteramos nuestra total disposición para que el Parlamento Vasco lidere esta transformación necesaria, desde el compromiso con una educación superior de calidad, arraigada en nuestro país y al servicio de su desarrollo».

DIFERENCIAS

El consejero de Ciencia y Universidades, Juan Ignacio Pérez, defendió su decisión de rechazar la reforma del decreto de universidades impulsada por el Ejecutivo de Sánchez, afirmando que dicha modificación normativa «invade competencias exclusivas» de las instituciones vascas y «socava el autogobierno». Tampoco comparte el número mínimo de alumnos ni que se atribuya a agencias de calidad la competencia para que se puedan o no establecer nuevas universidades.

Ante esto, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, respondió que «es una opinión del consejero que se circunscribe a su ámbito y quizá al partido que representa, pero no, desde luego, al conjunto del Gobierno, porque por nuestra parte no lo compartimos». Añadió que los consejeros de su partido no tuvieron conocimiento previo de que el consejero fuera a «verbalizar esta posición». «Por eso digo que es una posición unilateral y, desde luego, no consensuada con los miembros del PSE», por la que su partido pedirá explicaciones en el próximo Consejo de Gobierno.

EH Bildu afirmó, por su parte, que el decreto «no responde ni a la realidad educativa vasca ni al modelo universitario propio que hemos construido con esfuerzo y consenso en nuestro país».

La izquierda independentista reivindicó «el respeto al autogobierno vasco también en el ámbito universitario». Y añadió que «si bien compartimos la necesidad de garantizar la calidad y de limitar la proliferación descontrolada de nuevas universidades privadas, entendemos que este país ya dispone de los instrumentos normativos y políticos necesarios para hacerlo desde el ejercicio pleno de sus competencias».

Defensa de la transferencia de la homologación

El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer «la plena legalidad y constitucionalidad del traspaso a Euskadi de funciones y servicios de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español», que el Supremo español decidió revocar.

A partir de sendas propuestas de los socios de gobierno, PNV y PSE, y de EH Bildu, a la que se ha unido también el parlamentario de Sumar, 67 de los 75 escaños de la Cámara autonómica han votado a favor de «la presentación del recurso de amparo por el Gobierno Vasco, para la defensa de esta transferencia».

El Supremo anuló el pasado mes de marzo la totalidad del Real Decreto por el que se traspasan a la CAV las funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros porque «ha de ser competencia exclusiva del Estado».

EH Bildu ha subrayado la importancia y el valor político del acuerdo de este jueves, ya que «actuar como país implica ponernos de acuerdo». I.I.