El Gobierno navarro se personará como acusación particular en la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) español por adjudicaciones irregulares de la supuesta trama formada por Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Según indicaron ayer varios medios citando fuentes del Ejecutivo de María Chivite, la personación en la causa se debe a «la defensa máxima de la ciudadanía navarra y sus intereses» y a la consideración de que hay «un presunto daño patrimonial».

La publicación de que durante el registro del día 10 en la sede de la empresa Servinabar en Iruñea la UCO de la Guardia Civil se incautó de un documento que mostraba que Cerdán era el propietario de casi la mitad de esta empresa a la que se adjudicaron, entre otras, las obras de los túneles de Belate, habría precipitado la decisión de personarse en el TS. Inicialmente, no se planteaba esta posibilidad, puesto que el informe policial entregado al Supremo la pasada semana no recogía este aspecto.

«Si Chivite ha adjudicado la obra de duplicación de los túneles [de Belate] a la empresa en la que participa Cerdán, tiene que dimitir», reclamó ayer la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, haciéndose eco de lo publicado. «Estamos hablando de la adjudicación de la mayor obra pública de los últimos diez años, de 76 millones de euros, a la UTE en la que participaba la empresa de su amigo y mentor Santos Cerdán. El escándalo es mayúsculo y de no ser cierto es incomprensible que Chivite no lo haya desmentido de manera inmediata», añadió.

Ibarrola dijo que «Chivite está cada día más acorralada». «Llevamos tiempo diciendo que era quien mandaba en el Gobierno de Navarra», declaró, y consideró «evidente que quien presentó a María Chivite a Antxon Alonso -empresario citado en el informe policial-, con quien la presidenta se reunió a solas en cuatro ocasiones en su despacho, es Santos Cerdán, su socio».