«¿Hay espacio para un autogobierno mejor en Euskadi?». Esta es la pregunta a la que contestaron ayer en Donostia los parlamentarios Joseba Díez Antxustegi (PNV), Arkaitz Rodríguez (EH Bildu), Paul Blasi (PSE), Laura Garrido (PP) y Jon Hernández (Sumar), que se dieron cita en el Palacio de Miramar para participar en un curso de verano de EHU. Todos coincidieron en que es necesario en avanzar en autogobierno o, al menos, en mejorar el marco vigente. Pero el disenso quedó de manifiesto a la hora de poner sobre la mesa las guías que deben orientar la reforma estatutaria.

El parlamentario jeltzale reconoció que existe una «doble vertiente» a la hora de hablar de autogobierno, una «inmaterial», en alusión al reconocimiento de la nación vasca, y otra «más material», centrada en la gestión de los recursos y en la implementación de medidas legislativas por parte de la Administración autonómica: «¿Por qué no vamos a poder legislar aquí sobre la multirreincidencia? ¿Por qué tengo que estar con las manos atadas esperando a que sea el Congreso de los Diputados quien decida qué se hace con los multirreincidentes?». Una posición punitiva que va en línea con la defensa que realizó hace unas semanas el alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto, de la prisión preventiva.

Muy diferente fue la posición de Rodríguez, que advirtió de que el Estatuto de 1979, vigente a día de hoy, «deja fuera el derecho de autodeterminación y viene a asumir una relación de subordinación y sometimiento al Estado español». A su juicio, el nuevo estatus debe incluir cinco elementos, en primer lugar, y como «cuestión mollar», el reconocimiento nacional del pueblo vasco. «Euskal Herria es una nación y una amplia mayoría lo percibe de esa manera», apuntó, e incidió en que el segundo elemento es la construcción de un nuevo modelo de relación con el Estado español: de igual a igual.

DERECHO A DECIDIR

Además, abogó por elevar el techo competencial, con una soberanía plena en materia educativa y sociolaboral, para poder tomar decisiones sobre pensiones y sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, defendió la creación de un Poder Judicial propio, «no un Poder Judicial español en el País Vasco», en alusión al TSJPV. «Porque si no estaremos al albur de la Justicia española», manifestó, al tiempo que recordó las últimas sentencias contra el euskara. En este sentido, abogó por «blindar el nuevo nivel de autogobierno, de tal manera que no esté supeditado a la legislación básica y a un Tribunal Constitucional comprado». «Es como jugar en el Bernabéu poniendo el Real Madrid el árbitro», ironizó, y reclamó el reconocimiento del derecho a decidir de la ciudadanía vasca, «porque si somos una nación se nos debe el derecho a poder decidir libre y democráticamente nuestro futuro».

El derecho a decidir es el punto que separa a EH Bildu del PSE, partido para el que «no cabe hablar de soberanía plena con competencias exclusiva». «Hay cogobernanza y bilateralidad», manifestó Blasi tras afirmar que a su formación le gustaría que el nuevo estatuto atribuyese al Parlamento de Gasteiz capacidad en materia tributaria, «sin quitar competencias a las diputaciones». También defendió la inclusión en el mismo de leyes aprobadas durante los últimos años en la Cámara autonómica, como la Ley de Vivienda de 2015. «Debe recoger nuevas realidades que no estaban contempladas en el 79, como el reto migratorio, el reto demográfico o internet. Hay un espacio muy amplio para mejorar y meter mano».

Cabe destacar que tres de las cuestiones citadas por el parlamentario del PSE -fiscalidad, vivienda y migración- son precisamente las que más división generan con el PNV, su socio de Gobierno en las principales instituciones de la CAV.

DEL «NO», A LA DEFENSA

La parlamentaria del PP, por su parte, aseveró que «hay espacio para un mejor autogobierno», pero siempre en los límites fijados por el Estatuto de 1979, incumplido por los gobernantes españoles. De hecho no deja de resultar sorprendente que Garrido reivindicase la vigencia del Estatuto, llegando a decir que se trata de un elemento «clave», cuando Alianza Popular, el germen del PP, mostró una dura oposición al mismo, pidiendo el «no» en el referéndum.

Desde Sumar, Hernández fue más allá de la realidad vasca al plantear una reforma del propio Estado español, ya que, según explicó, el «modelo de autogobierno está inserto en el modelo de Estado». Así, reivindicó ante los presentes «un modelo republicano federal». «Hay capacidad de más y mejor autogobierno a través de la reforma, de la ruptura o del cambio», dijo.

VOLUNTAD O LEGALIDAD

La postura de los parlamentarios importa, pero ellos y ellas no tendrá la última palabra. Serán las Cortes españolas las que avalen o rechacen el Estatuto de la CAV.

A este respecto, Arkaitz Rodríguez subrayó que desde EH Bildu defienden «un cambio pactado que ha de ser abordado por las vías legales, pero defendemos que con la misma vehemencia que esa legalidad no puede constituir una camisa de fuerza». «Cuando colisiona la legalidad vigente y la voluntad de la mayoría tiene que cambiar la ley y no la mayoría», sentenció el parlamentario soberanista.