Loretta Preska, jueza del segundo distrito de Nueva York, ordenó, el pasado lunes, al Estado argentino entregar su 51% de las acciones de la petrolera YPF para cumplir con un fallo contrario en un millonario litigio. La jueza ha dado a Argentina dos semanas para transferir los activos a una cuenta de custodia global en el banco neoyorquino BNYM (The Bank of New York Mellon Corporation). Esta decisión reitera lo establecido en el fallo de 2023, en el que Preska falló a favor de los demandantes -los fondos Burford y Eton Capital-, y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares, cantidad que ahora pretende obtener a través de las acciones.

Desde que en 2012 el Gobierno de Cristina Fernández expropiara la totalidad de las acciones en manos de Repsol (el 51%), y retomara el control de la histórica petrolera, las inversiones de esta empresa crecieron fuertemente, con desembolsos el año pasado por 5.041 millones de dólares.

No obstante, la disputa judicial ha puesto en duda no solo el control argentino sobre la empresa, sino la viabilidad de los proyectos en los que es inversora principal.

La disputa por el control de YPF puede suponer un verdadero escollo en las relaciones entre ambos países, más aún cuando la amistad entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y argentino, Javier Milei, parece ser más estrecha que nunca. «Vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», dijo Milei a través de la red social X.

¿DÓNDE NACE EL PROBLEMA?

Creada en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ha jugado un papel fundamental en la economía argentina en todo momento. Tras convertirse en una sociedad anónima bajo el control del Estado, la ola privatizadora del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) alcanzó a YPF, que en 1999 quedó bajo el control de la española Repsol. Más tarde, en 2007, el grupo argentino Petersen compró un 14,9% de YPF a Repsol y en mayo de 2011 adquirió un 10% adicional. La operación se vio con buenos ojos desde el Gobierno, que temía un exceso de control por parte de una empresa extranjera como Repsol.

Finalmente, fue la nacionalización de 2012 el movimiento que marcó los años venideros. Por su parte, el gigante español consiguió una compensación de 5.000 millones de dólares. Aun así, serían la inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park las que, adquiriendo los derechos de litigio de Petersen, reclamaron compensaciones millonarias al Estado argentino basándose en la falta de una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios en el momento de la expropiación.

La empresa produce el 40 % de petróleo y el 30 % del gas del país, tiene tres refinerías (50 % de la capacidad de refino de Argentina), una amplia red de gasolineras, participación en oleoductos, la distribución de gas y la generación de energías renovables.

«ATAQUE A LA SOBERANÍA ARGENTINA»

El exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha calificado la decisión de «intolerable» al ser «una intromisión sobre nuestra soberanía». Ha reprochado a Milei por «ponerse del lado de los poderes extranjeros y no de los intereses nacionales que debe representar y proteger». Argentina tiene dos semanas para transferir las acciones, pero la decisión será recurrida una vez más.