El empresario Antxon Alonso reconoció ayer al juez que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán firmó un documento para convertirse en socio de la empresa Servinabar, pero que nunca llegó a ejecutarse, y admitió el pago de una donación de 4.500 euros a la fundación del exministro Jose Luis Ábalos. Respecto a Koldo García, el empresario le situó como comisionista para obra privada antes de llegar al Ministerio.

Alonso compareció ayer como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente junto a Fernando Agustín Merino, que ocupó diversos cargos en Acciona y que fue despedido en 2021.

Tras tomarles declaración, el instructor les prohibió salir del Estado español y les obliga a comparecer cada quince días en sede judicial, en sintonía con las medidas cautelares que adoptó el pasado viernes después de la comparecencia de otros empresarios.

El nombre de Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, en particular por un contrato privado de 2016, hallado en el registro de su vivienda, en el que el ex dirigente del PSOE adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una empresa navarra beneficiaria de adjudicaciones.

Pero en su comparecencia, en la que solo respondió a su defensa, confirmó la versión de Cerdán, esto es, que el exdirigente del PSOE firmó el polémico documento en un momento -2016- en el que pensó en abandonar la política y él le ofreció la opción de ser socios, si bien Cerdán finalmente dio marcha atrás y rompió su documento. Alonso, en cambio, lo guardó en el trastero, dejando claro, eso sí, que no tenía ningún valor y que, por lo tanto, él fue siempre socio único.

De Servinabar, fundada en 2015 para un proyecto en una mina, subrayó que siempre hizo obra privada y que la UCO no aprecia irregularidad alguna en la única obra pública que consiguió. Operaba en Nafarroa, si bien desconoce si Koldo García le llamaba «guipuchi», como figura en los audios y mensajes, porque él es vizcaino.

También explicó que Servinabar concurrió en UTE con Acciona en veinte concursos, de los que fue adjudicataria en cinco obras, las cuales fueron auditadas, si bien destacó que ninguna de estas obras está investigada por la UCO, según fuentes jurídicas.

Antxon Alonso, de esta forma, vino a confirmar en líneas generales la versión de Cerdán ante el magistrado, asegurando que eran buenos amigos y que le ofreció vivir con él en un piso «modesto» de alquiler que tenía en Madrid, cuando se desplazó a la capital por trabajo. De lo que no habló es de los contactos con PNV y EH Bildu, que habría revelado el exdirigente del PSOE al juez.

COMISIONES Y DONACIONES

Lo que sí reconoció es que pagaba a Koldo García un sueldo mensual si este le presentaba negocios de obra privada, es decir, presentó a García como un comisionista y siempre antes de su etapa en el Ministerio. Trabajó con él nueve meses, hasta enero de 2017.

También admitió que hizo una donación esporádica de 4.500 euros a la Fundación Fiadelso, que el exministro Jose Luis Ábalos reconoció ante el juez, por motivos fiscales, pero como hizo con otras entidades, como equipos de fútbol femenino y la ONG Save the Children.

MERINO NIEGA «MORDIDAS»

En su declaración ante el juez instructor, Fernando Agustín Merino, de quien la Guardia Civil en su informe destacó su posible influencia sobre Koldo García para conseguir obra pública, negó haber pagado «mordidas» a Santos Cerdán, José Luis Ábalos o ningún investigado por este caso, y subrayó que no tenía capacidad de decisión sobre las obras a las que se presentaba Acciona o las empresas con las que concurría en UTE. Él, dijo, reportaba al jefe de Zona Norte en la compañía.

Entre estas empresas con las que Acciona concurrió en UTE estaba Servinabar y, según Merino, se presentaron con ella porque era una constructora local y era una «práctica habitual» que para obtener adjudicaciones se implique a una empresa de la zona, añaden las fuentes.

El exdirectivo de Acciona, que contestó a su abogado, al fiscal y al juez, explicó que conoció a Cerdán en 2014, en una ronda de presentaciones habitual con los «agentes sociales». Manifestó que, entonces, Cerdán estaba en la oposición en el Parlamento navarro y que nunca cenó con él; quizá -reconoció- alguna vez se tomó un «pincho».

Agustín Merino manifestó que las obras del ámbito estatal que adjudicaba el Ministerio no le competían, rechazó que algunas de las que se investigan entren en su ámbito de actuación y señaló que otras que aparecen en el informe de la UCO son privadas.

Durante su declaración, aseguró que conocía a Koldo García de Nafarroa, aunque nunca le dijo que trabajase para Servinabar y se desvinculó del documento llamado ‘‘M.Fomento’’ que este le envió, con nombres de diferentes cargos cuando José Luis Ábalos llegó al Ministerio, al señalar que el exasesor se lo mandaría por error porque a él no le aportaban.

El investigado indicó que desconocía que Koldo García le llamase «el cordobés» y reconoció que en una ocasión acudió a él para saber cómo estaba un expediente.

El juez ve «indicios bastantes» para procesarles

Tras las comparecencias, el juez instructor afirmó en los autos que hay «indicios bastantes« de que Antxon Alonso y Fernando Agustín Merino podrían haberse beneficiado, «a cambio de un precio» y en colaboración, «al menos con los investigados Cerdán, García y Ábalos» de la adjudicación de obras, y apunta a posibles delitos de integración en organización criminal y cohecho.

No entiende el juez el motivo por el que Antxon Alonso, «buen amigo de don Santos según se proclama», conservaba ese documento privado «tantos años después» en su domicilio; ni tampoco que dos años después, en 2018, «interviniera don Santos Cerdán en una donación» de 4.500 euros efectuada por Servinabar 2000 a la Fundación Fiadelso, «estrechamente vinculada» a Ábalos y a su familia.

«Donación en la que habría intervenido activamente Cerdán, y que, por el contexto de los mensajes a los que se refiere y describe el informe policial, aunque el aquí investigado lo niega, podría haber tenido un carácter repetido o periódico», afirma Leopoldo Puente en la resolución.

Todo ello, según el juez, «determina la existencia de indicios bastantes para poder considerar que Alonso podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración, al menos, con los investigados Cerdán, García y Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía».

«Hechos que, siempre con el carácter provisional que resultan propios del momento procesal en el que nos encontramos, pudieran considerarse como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo», apostilla.

Sobre Merino, el instructor también cree «indiciariamente justificado» que también habría intentado favorecer a través de Koldo García a OPR, empresa constructora de sus cuñados, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, que a cambio de las presuntas adjudicaciones ilegales también «habría satisfecho ciertos premios económicos» al entonces asesor ministerial.

De todo ello, Puente concluye ratificando que Merino «podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración, al menos, con Koldo García y José Luis Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía, hechos que (...) pudieran considerarse como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo», por los que le imputó.

El magistrado no advierte riesgo de fuga en ninguno de los dos declarantes, con «arraigo bastante en España», y recuerda que ya se practicaron registros en sus domicilios y que se recabó información bancaria de ambos. Tampoco observa riesgo de que Alonso y Merino pudieran alterar o destruir pruebas, por lo que les impuso las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, es decir, la prohibición de salir del Estado con retirada de pasaporte y obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. GARA