Desde que en octubre de 2021 el Gobierno de Lakua asumiera la gestión de la política penitenciaria, las cifras relativas a la aplicación del tercer grado en la CAV y en el resto del Estado han ido en direcciones opuestas. Muestra de ello es que, mientras en el resto del Estado, esta medida de semilibertad se aplica al 18% de los presos, en la CAV aumenta hasta más del 30%. Esta es una de las conclusiones extraídas de la ponencia “El cumplimiento del tercer grado penitenciario en la CAE”, impartida ayer por Isabel Germán, investigadora del Instituto Vasco de Criminología, en el marco del curso de verano de EHU “Los programas especializados de tratamiento en prisión como herramienta fundamental de reinserción social”.

Durante su intervención, Germán profundizó en aspectos como la importancia de esta medida en la reinserción de las personas presas o los factores negativos que pueden llevar a una regresión de grado. En primer lugar, la investigadora enumeró algunos de los principales desafíos asociados a la reinserción social, tales como «la situación financiera y ocupacional, la red social, la estancia en el Centro de inserción social, la estigmatización, el desarrollo personal o la vuelta a la libertad». Además, explicó que, debido al aumento poblacional en la sociedad, se está alcanzando una «sobrepoblación» en las cárceles, «sin llegar al hacinamiento». Esto puede provocar que el tiempo que se dedica a cada preso de cara a preparar su puesta en libertad sea «escaso», más si cabe en el caso de las mujeres, en un contexto, el carcelario, «predominantemente masculino».

En cuanto a la aplicación del tercer grado en las cárceles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, la investigadora cree que las cifras «son buenas». «El porcentaje de personas en tercer grado es más elevado que en el Estado», detalló. De hecho, al contrario que la tendencia estatal, en la CAV ha ido en ascenso, hasta llegar al 30,31% de presos a los que se les aplicaba esta medida a finales de 2024, frente al 18,22% del Estado. Unas cifras que «ya venían desde antes de la transferencia» de prisiones culminada en octubre de 2021 y que ha relacionado con «el apoyo que hay desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria».

Además, valoró positivamente que, en el caso de la CAV, «es habitual la colaboración con organismos y entidades del tercer sector, tanto dentro como fuera de las prisiones, facilitando el proceso de reinserción». En cuanto a los factores que pueden incidir negativamente en la reinserción, mencionó los de tipo personal, como el consumo de drogas y los problemas de salud mental; de carácter situacional, relativos a problemas económicos, un contexto familiar y social desestructurado o un entorno delincuencial; y los estructurales, entre los que ha destacado la falta de recursos humanos y económicos para la preparación en el proceso de reinserción, la falta de empleo o la excesiva burocratización. «Factores de riesgo, por la presencia de varios de ellos, o de uno de manera muy intensa, conlleva que el itinerario de rehabilitación sea muy complejo y afecte a la reinserción social, incluso hasta llegar a truncar el proceso», subrayó la experta.

Para que el proceso de reinserción de un penado en tercer grado sea eficaz, Germán incidió en que son necesarias una serie de acciones, principalmente «la preparación desde su estancia en prisión, la coordinación entre instituciones y entidades implicadas, que el apoyo no finalice de forma abrupta con el cumplimiento de la condena y neutralizar el estigma social».