Tras la crisis política de 2024, cuando el presidente, Emmanuel Macron, convocó elecciones anticipadas, el Estado francés vuelve a estar al borde de otra crisis con el anuncio del primer ministro, François Bayrou, de que el 8 de septiembre se someterá a una cuestión de confianza que busca el aval de la Asamblea Nacional a su plan de austeridad, además de adelantarse a la jornada de protesta convocada dos días después, pero que puede hacer caer a su Gobierno si en dos semanas no convence al Parti Socialiste (PS), que igual que el resto de la oposición anunció ayer su voto en contra.

Al anunciar que se someterá a una cuestión de confianza, Bayrou pintó un panorama fatal con una dependencia de la deuda que se ha vuelto crónica y señaló que «existe un peligro inmediato» de «sobreendeudamiento» al que el Estado debe hacer frente. Se mostró especialmente alarmado por el aumento constante del volumen de deuda pública, que cerró 2024 en niveles cercanos al 113% del PIB. «Durante 20 años, cada hora del día y de la noche, la deuda ha aumentado 12 millones de euros adicionales», añadió.

El primer ministro lanzó un nuevo órdago al recurrir a la cuestión de confianza para dejar en manos de los diputados no solo la aprobación de la «hoja de ruta» económica que presentó en julio, que contempla numerosas medidas para ahorrar 43.800 millones de euros para reducir el déficit público -un año sin impuestos, la congelación de las pensiones y prestaciones sociales y la eliminación de dos días festivos, entre otras-, sino la continuidad de su Ejecutivo.

Con la destitución de su predecesor, Michel Barnier, tras tres meses en el cargo en mente, Bayrou quiere sondear si su plan de recortes masivos y su Ejecutivo tienen futuro, y se adelanta a la censura que barajaban la oposición de izquierda y de extrema derecha, y a la iniciativa que llama a paralizar el país dos días después, el 10 de septiembre, con huelgas y movilizaciones.

Una jornada de protesta surgida en las redes sociales que cuenta con el apoyo de La France Insoumise (LFI) y también de ecologistas, comunistas y del PS. Los sindicatos, opuestos al plan presupuestario de Bayrou y a la intención del Gobierno de seguir reformando la prestación por desempleo, tienen previsto reunirse el 1 de septiembre, para estudiar sus propias acciones.

«Todos tienen derecho a protestar, pero no creo que, ante una crisis como esta, la respuesta sea paralizar el país», dijo el domingo Bayrou.

«Si tiene mayoría, el Gobierno sale confirmado. Si no la tiene, el Gobierno cae», resumió lacónicamente Bayrou, quien en nueve meses en el cargo ha registrado bajísimos índices de popularidad.

A UN PASO DE LA SALIDA

La oposición no tiene intención de dar su confianza al Ejecutivo. Cree que el día 8 se escenificará la dimisión del primer ministro, que es consciente de que no tiene apoyo suficiente pese al respaldo de centristas y conservadores.

Desde la izquierda, LFI y el Parti Communiste Français (PCF) anunciaron inmediatamente, cada uno por su lado, que votarán a favor de la caída del Gobierno. «François Bayrou nos ha dado la fecha de su caída», declaró la jefa de filas del LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot.

Algo más tardaron los ecologistas -con una treintena de diputados- en señalar que votarán «no» a la confianza. Y más aún su socio el PS -cuarta fuerza con 66 escaños-, al que Bayrou trata de seducir amagando con reinstaurar el impuesto a las grandes fortunas, abolido en el Estado francés por Macron en 2018. Por la noche, en declaraciones al canal TF1, el primer secretario del PS, Olivier Faure, manifestó que «no votaremos la confianza a François Bayrou y él lo sabe muy bien. En el fondo, ha tomado la decisión de irse», lo que deja en el aire el Ejecutivo.

La misma respuesta obtuvo de la extrema derecha de Rassemblement national (RN), que tiene el mayor número de escaños en la Asamblea, lo que coloca a Bayrou más cerca de la salida. El presidente del partido -primera fuerza parlamentaria-, Jordan Bardella, pronosticó «el fin» del Ejecutivo al señalar que su partido «nunca votará por la confianza en un Gobierno cuyas decisiones hacen sufrir al pueblo francés», y exigió la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones.