Con motivo del anuncio de que Lakua gestionará a partir de ahora la prestación por desempleo tras negociarlo con Madrid, LAB y ELA consideraron que es «insuficiente» y que es necesario que todas las políticas de empleo al completo se decidan «aquí».

LAB recordó que «han hecho falta 46 años» para que se materialice dicha transferencia, que consideró «positiva», pero incompleta «para llevar a cabo políticas a favor de la clase trabajadora», ya que se trata de una «cesión parcial», pues todavía está pendiente la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Así, precisó que, «de momento, el importe de las prestaciones, su duración, las obligaciones de las personas beneficiarias... seguirán siendo fijados» por el Gobierno español. Explicó que «la actual prestación asistencial es de 480 euros y que más de la mitad de las personas desempleadas no perciben ninguna prestación».

En la misma línea, ELA indicó que, «pese a la relevancia que se le ha pretendido dar a la noticia, esta transferencia es una pequeña parte de lo que estatutariamente corresponde». Y valoró que es «a todas luces insuficiente, puesto que únicamente se traspasará la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo».

«El desempleado -agregó- únicamente cambiará de ventanilla, sin que esta nueva transferencia suponga una mejora económica para dichas prestaciones, ya que estas siguen en manos de Madrid».

A juicio de LAB, el acuerdo alcanzado entre Lakua y el Gobierno español «pone de manifiesto las carencias de Lanbide», ya que la intermediación activa en políticas de empleo que debería llevar a cabo este organismo «se ha convertido en una mera gestión de prestaciones, como consecuencia de la orientación dada por los sucesivos Gobiernos de PNV-PSE». Denunció que la situación de personas trabajadoras en paro de larga duración se ha «cronificado» y que Lanbide «no es una referencia para lograr empleo».

MARCO VASCO

LAB se reafirmó en la necesidad de «un Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social», demandando «nuevos avances en el autogobierno y garantías eficaces que pongan límite a las injerencias dictadas desde Madrid» y llamó a apoyar mañana la Iniciativa Legislativa Popular en favor de un sistema complementario para equiparar las pensiones mínimas. «Quien quiera impulsar políticas a favor de las y los trabajadores no tiene otra opción que dar salida a estas iniciativas», defendió.

Para ELA, la negociación entre Lakua y el Gobierno español para formalizar esta transferencia se ha llevado a cabo «a espaldas y sin tener en consideración a la plantilla afectada». Sustentó estas manifestaciones en que, pese a las solicitudes de reuniones al Ejecutivo de Pradales, «las más de 500 personas trabajadoras del SEPE aún desconocen cuál será su situación laboral tras la transferencia».

«No es una cuestión baladí, ya que son muchas las veces en las que el Gobierno Vasco se apresura a anunciar una transferencia sin tener en cuenta a la nueva plantilla, ni sus condiciones laborales, generando un caos organizativo en el organismo receptor (en este caso Lanbide) y situaciones de desconcierto inaceptables en la plantilla que debe ser transferida», denunció.

«Aún quedan muchos trabajadores pendientes de ser traspasados desde la Administración estatal a la vasca, especialmente en la Seguridad Social», abundó ELA.