Los obispos del Estado español no se ratificaron el pasado jueves en el preacuerdo con las víctimas de abusos de la Iglesia. El problema reside en las indemnizaciones económicas y en el comité de verificación paralelo que nace a iniciativa del Defensor del Pueblo.

Mikel Eziolatza, de una de las asociaciones de víctimas navarras, denunció ayer que la renuncia a firmar es una táctica dilatoria de la curia que juega a la espera de que llegue otro Gobierno español con el que tenga una mayor sintonía.

El desmarque fue justificado por la Conferencia Episcopal por los criterios fijados en la comisión del Defensor del Pueblo y en la posibilidad que se abre para que se completen las indemnizaciones a víctimas que fueron reparadas por el comité de expertos que nombró la Iglesia. Así como por el hecho de que la comisión del Defensor del Pueblo dé por buenos casos que ellos descartaron en un primer momento.

Fuentes de estas asociaciones aseguraron a GARA que el propio ministro Félix Bolaños pediría la intervención directa del Papa en la visita al Vaticano que realizó ayer.